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Advierten que el poder de Delcy Rodríguez podría mantener intacta la dictadura en Venezuela

Además, crece el temor la detención arbitraria de cientos de personas tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

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5 de enero de 2026 a las 10:43 p. m.
Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta tras la detención de Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta tras la detención de Nicolás Maduro. Foto: Getty Images / AP

La fundación de Colombia, que apoya la integración social de migrantes, refugiados y retornados venezolanos, expresó su rechazo el reciente nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos días atrás.

“Si bien la salida de quienes encabezaron el poder ejecutivo durante años representa un hecho políticamente relevante, la Fundación advierte que la caída de una figura no equivale al desmantelamiento del sistema autoritario que ha gobernado el país“, escribió la Fundación Juntos Se Puede en un comunicado a la prensa.

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“En este momento crítico, persiste el riesgo evidente de que la dictadura se mantenga bajo nuevas formas y rostros“, continúa el informe.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reacciona tras ser juramentada como presidenta interina de Venezuela durante la sesión inaugural del Período Constitucional Legislativo 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reacciona tras ser juramentada como presidenta interina de Venezuela. Foto: Getty Images via AFP

Además, destacaron la preocupación por el decreto de Rodríguez que orden a las autoridades venezolanas a perseguir y capturar a todas las personas que apoyen la intervención de Estados Unidos para la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como de aquellos que tengan vínculos con el operativo.

“Aunque el texto menciona el debido proceso y el derecho a la defensa, la experiencia de tantos años demuestra que este tipo de disposiciones han sido utilizadas sistemáticamente como instrumentos de persecución política, criminalización de la disidencia, desapariciones forzadas y represión arbitraria“, sentencia el comunicado de la fundación.

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Lo anterior en referencia a las decenas de detenciones arbitrarias que se evidenciaron tras la segunda posesión de Maduro en el 2024, cuando, presuntamente, robó las elecciones que habría ganado Edmundo González.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro fue detenido en Venezuela el sábado 3 de enero. Foto: GC Images

“Advertimos que este marco normativo abre la puerta a una nueva ola de persecución, detenciones selectivas y violaciones a los derechos humanos, lo que podría derivar en un nuevo ciclo de desplazamiento forzado y exilio, profundizando aún más la tragedia humanitaria que ya ha obligado a más de ocho millones de venezolanos a abandonar el país“, alerta la fundación.

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Para poder ofrecer servicio ante la situación, la fundación abrió un canal de denuncia para la ciudadanía, e insta a las personas a “documentar y denunciar cualquier abuso, amenaza o detención arbitraria” en la página web de la Fundación Juntos Se Puede, o en el este link.

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La Fundación expresó su preocupación por las detenciones de personas vinculadas a la detención de Maduro. Foto: 123RF

“Consideramos que la permanencia indefinida de Delcy Rodríguez en el ejercicio del poder, sin un mandato popular y sin un cronograma claro de transición, constituye una amenaza directa a la democracia y un obstáculo grave para una salida pacífica, institucional y civil a la crisis venezolana“, continúa el documento. ”Este período debe ser estrictamente breve, limitado y orientado exclusivamente a facilitar el restablecimiento del orden constitucional“.

La fundación concluye con cuatro exigencias al ahora gobierno de Venezuela:

  • El respeto irrestricto al Estado de derecho y a la voluntad soberana expresada el 28 de julio de 2024 (cuando, al parecer, ganó Edmundo González);
  • La liberación inmediata de todas las personas presas por motivos políticos;
  • El cese de la persecución judicial y policial contra la disidencia;
  • Y la plena garantía para el retorno seguro de las personas exiliadas y desplazadas.