La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú ha archivado durante esta semana el proyecto de ley que despenalizaría el aborto en casos de violación sexual.
Con 12 votos en contra, solamente un voto a favor y cuatro abstenciones, la comisión ha rechazado el proyecto de ley presentado por la diputada Ruth Luque del Partido Juntos por el Perú.
El presidente del grupo de trabajo, Américo Gonza Castillo, del Partido Perú Libre, ha indicado durante el debate que el comité solicitó la opinión de la Conferencia Episcopal peruana, pero que no han obtenido réplica alguna por su parte, recoge el periódico La República.
En respuesta, la diputada Luque ha afirmado que no hay que pedir opinión a la Iglesia para legislar. “Quien define las políticas públicas es el Estado, somos un Estado laico y eso no ha cambiado”, ha remachado.
El texto planteaba incorporar al Código Penal peruano el apartado en el que se precisa que “no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal cuando el embarazo sea producto de una violación sexual”.
En esta línea, la legisladora había solicitado el cambio en el artículo del Código Penal que señalaba las penas por realizar abortos en caso de violaciones. La diputada, tras conocer el rechazo a su proyecto de ley, ha asegurado que las luchas de las mujeres persistirán y el machismo quedará solo como “un mal recuerdo”, según ha publicado en su perfil de la red social Twitter.
Así, ha asegurado que no permitirán que ningún hombre se atribuya el derecho de imponer sus creencias ideológicas sobre los derechos de las mujeres, en respuesta a las palabras del tercer vicepresidente del Congreso peruano, Alejandro Muñante, que se ha manifestado en contra del proyecto, al considerar que “detrás de la despenalización, está su legalización sin ninguna causa”.
La diputada explicó previamente que esta normativa reconocería el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres para tener una vida libre de violencia y prevenir a la víctima de “una maternidad impuesta o forzada”.
Congreso admitió la denuncia de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo
Una comisión del Congreso de Perú votó y aprobó tramitar una denuncia de la Fiscalía para iniciar un antejuicio al presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal.
“La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría”, anunció la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones. El documento contra Castillo y dos exministros de su gobierno, fue presentado al Congreso el pasado 11 de octubre por la fiscal general, Patricia Benavides. La votación arrojó 13 votos a favor y ocho en contra. La sesión y debate previo lo transmitió el canal de televisión del Congreso.
Según la Fiscalía, todos los denunciados son “presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario”.
La imputación al presidente peruano se basa en más de 190 elementos probatorios acumulados por los fiscales. La admisión a trámite de la denuncia representa el puntapié formal de un largo proceso que puede acabar con la salida de Castillo del poder. “Es el inicio de todo un proceso”, declaró a la radio RPP el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.
Esto se produce a menos de tres días del arribo a Lima de una misión de la OEA que analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.
La subcomisión debe evaluar la denuncia y si la declara procedente remitirla a la Comisión Permanente del Congreso, penúltimo peldaño antes de ser enviada al pleno. El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.
*Con información de AFP y Europa Press.
