Durante más de dos décadas, el poder político en Venezuela y el crimen organizado habrían operado como engranajes de una misma maquinaria. Así lo sostiene la acusación formal contra Nicolás Maduro presentada por la Fiscalía de Estados Unidos.
Según el documento revelado por el ente acusador norteamericano, el régimen de Nicolás Maduro habría tejido alianzas con las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua para convertir al país en un corredor estratégico del narcotráfico internacional, ofreciendo protección estatal, refugio territorial y apoyo logístico a organizaciones armadas catalogadas como terroristas.
El documento judicial señala que, desde 1999, altos funcionarios venezolanos, incluido Maduro, habrían utilizado instituciones del Estado, fuerzas de seguridad y estructuras militares para facilitar el tránsito de cocaína desde Colombia hacia el Caribe, Centroamérica y finalmente Estados Unidos.
En ese esquema, las disidencias de las Farc habrían tenido un papel clave como productoras y proveedoras de droga, operando campamentos y centros de entrenamiento en territorio venezolano con conocimiento y respaldo del régimen.
La acusación también detalla la relación con el ELN, al que se le atribuye el control de rutas fronterizas, pistas clandestinas y zonas de salida de cargamentos de cocaína. Según la Fiscalía, funcionarios venezolanos garantizaron el paso seguro de estos envíos y brindaron protección armada para evitar acciones de control o interdicción.
En cuanto al Tren de Aragua, el escrito de acusación lo describe como una organización criminal transnacional surgida en Venezuela que habría funcionado como brazo logístico interno del narcotráfico.
Su rol incluía la custodia de cargamentos, el control de puertos y costas, y la provisión de seguridad armada para el transporte de droga dentro del país, todo ello con tolerancia y, en algunos casos, cooperación directa de autoridades estatales.
Para la Fiscalía estadounidense, estas alianzas no fueron episodios aislados, sino una política sostenida que permitió el envío de cientos de toneladas de cocaína, fortaleció a grupos armados ilegales y consolidó una estructura criminal en la que el poder político y el narcotráfico se entrelazaron de forma sistemática.
