La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que solicitó a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una de las normas más cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición desde su aprobación en 2017.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Rodríguez aseguró que la iniciativa forma parte de los esfuerzos de su gobierno para impulsar una nueva etapa de convivencia política y social en el país.
“Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela. He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación”, escribió la mandataria.
Según explicó, el objetivo de la propuesta es abrir espacios para el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad venezolana y promover una mayor tolerancia política.
La Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el régimen de Nicolás Maduro en medio de una profunda crisis política.
La normativa estableció sanciones penales para quienes promovieran mensajes considerados de odio, discriminación o intolerancia, incluyendo penas de prisión que podían llegar hasta los 20 años en determinados casos.
Desde su entrada en vigor, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado la amplitud de sus disposiciones y han advertido que la norma podía ser utilizada para limitar la libertad de expresión y perseguir a voces críticas del gobierno.
En la comunicación enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez afirmó que la reforma busca avanzar en la despenalización de las conductas contempladas actualmente en la ley.
“La reforma solicitada tiene por objeto avanzar en la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento normativo, como parte de las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional para transformar el sistema de justicia penal de nuestro país y favorecer el reencuentro y convivencia democrática entre las venezolanas y venezolanos”, señala el documento.
Aunque el texto no detalla cuáles artículos serían modificados ni qué delitos dejarían de tener consecuencias penales, la referencia a una despenalización parcial supone uno de los cambios más significativos planteados hasta ahora sobre una norma que durante años fue defendida por el chavismo.
Rodríguez pidió además que la Asamblea Nacional estudie la propuesta con carácter prioritario. En la carta enviada al Parlamento sostuvo que la reforma contribuiría a reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones y a fortalecer la vida democrática del país.
“Visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la Nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia”, escribió.