Tras la destitución de Vladimir Padrino, anunciada esta mañana por la presidenta Delcy Rodríguez, el Ministerio de Defensa quedó en manos de Gustavo González López, quien había sido designado días después de la caída de Maduro como jefe de la Guardia Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
González López es un militar con rango de general en jefe, el más alto dentro de la estructura de la Fuerza Armada venezolana. Desde el 6 de febrero se desempeñaba como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial y director de la DGCIM.
Además, ha ocupado en dos ocasiones la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y fue ministro de Interior, Justicia y Paz.
El nuevo ministro de Defensa de Venezuela finalizó su formación militar en 1982. Años más tarde fue enviado a la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, donde recibió capacitación en “operaciones psicológicas” y entrenamiento avanzado para oficiales por parte del Ejército de Estados Unidos.
En 2003 inició su carrera política cuando fue designado director general de la Oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Infraestructura, entonces encabezado por Diosdado Cabello.
Posteriormente, fue nombrado por Hugo Chávez como comandante de la 5.ª División de Infantería de Selva, del Teatro de Operaciones n.º 5, con guarnición en Ciudad Bolívar.

González López fue sancionado en 2014, cuando se desempeñaba como director del SEBIN, por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por presuntos abusos a los derechos humanos en el marco de las protestas de ese año.
Tras el anuncio de las sanciones, fue designado ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz por Nicolás Maduro.
En 2016, la fiscal general Luisa Ortega Díaz inició una investigación contra González López por presuntas irregularidades en la construcción de la línea 5 del metro de Caracas, cuyo costo se habría incrementado en más de un 1.200 % y que solo alcanzó cerca del 30 % de ejecución. El caso fue vinculado al escándalo de corrupción de Odebrecht.
Sin embargo, las investigaciones no avanzaron y posteriormente se vieron frenadas por la destitución de Ortega Díaz y de varios fiscales.
El 7 de enero de 2019, tras desertar, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Christian Zerpa aseguró que González López estaba desaparecido desde octubre de 2018, luego de la muerte del concejal Fernando Albán bajo custodia del SEBIN.

También señaló que el Gobierno debía presentar una prueba de vida, ya que podría estar detenido o incluso haber sido asesinado por diferencias internas.
Sin embargo, al día siguiente reapareció públicamente y fue designado como consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia.
