Inflación, desigualdad y lenta recuperación del turismo: dos años de las protestas del 11J en Cuba y la crisis no da tregua en el país

El 11 de julio de 2021 miles de cubanos se volcaron a las calles de la isla al grito de “Tenemos hambre” y “Abajo la dictadura”, después de meses de estricto confinamiento por la pandemia de la covid-19 y de una crítica situación económica ante la ausencia de turistas, en unas protestas inéditas desde la Revolución de 1959.

Dos años después de las manifestaciones antigubernamentales, por las que cerca de 500 personas han sido condenadas, la isla vive una crisis económica y social que alimenta el descontento, pero también la represión contra voces disidentes.

Más de 1.500 fueron detenidos, entre ellos casi 700 siguen en prisión, según la ONG Justicia 11J, nacida en Cuba para documentar estos arrestos y ahora con sede fuera de la isla. Según cifras oficiales, cerca de 500 fueron condenados con penas definitivas, algunos hasta por 25 años de cárcel.

El Gobierno acusa a Estados Unidos de orquestar las marchas para derrocarlo. El diario Granma, órgano de difusión oficial, volvió a denunciar la “responsabilidad directa” de Washington.

Desde hace días, policías y fuerzas de seguridad tienen mayor presencia en las calles de La Habana, como pudo evidenciar la agencia AFP.

Aunque el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró hace un año que el país de 11 millones de habitantes superaría la “compleja situación económica”, Cuba sigue luchando por salir del atolladero.

La peor crisis desde los años noventa

La inflación incontrolable, la lenta recuperación del turismo, la caída de la producción azucarera, los altos precios internacionales que agudizan la escasez, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una emigración récord son factores internos y externos que se han combinado para llevar al país a su peor crisis desde los años noventa.

“El Gobierno tiene a corto plazo un margen de maniobra muy estrecho”, estima el analista político cubano Arturo López-Levy, profesor visitante de la Universidad Autónoma de Madrid, que cita los “niveles tan precarios de seguridad alimentaria y energética en los que la generación histórica”, encabezada por Fidel y Raúl Castro, entregó el país a Díaz-Canel, en el cargo desde 2018.

Para evitar un levantamiento y enfrentar las dificultades, el Gobierno aceleró la apertura económica, que es esencialmente estatal, hacia el sector privado. Esto alivió ciertas carencias, pero aumentó las desigualdades debido a altos precios.

Escasez de alimentos y medicinas

Pese a las duras condenas impuestas a los manifestantes del 11 de julio, los cubanos, atrapados en una situación material muy precaria, dudan menos en expresar su descontento con las autoridades.

En 2022 estallaron manifestaciones esporádicas contra los cortes de electricidad en varias provincias y en La Habana. En mayo, decenas de personas se manifestaron contra la escasez de alimentos y medicinas en Caimanera, una pequeña localidad 1.000 km al este de La Habana.

“Las protestas son un reflejo de esa caída de la credibilidad” del Gobierno, que se esfuerza por proponer salidas a la crisis, dijo el sociólogo Rafael Hernández.

“Así que un apagón ‘de más’, la falta de agua, de combustible y la continuada inflación (...) contribuyen a tensar esa cuerda, que ha perdido la elasticidad de antes”, en especial en los barrios más desfavorecidos.

La información sobre estas protestas se filtra a través de imágenes publicadas en redes sociales por la ciudadanía. Las autoridades, visiblemente sorprendidas durante el estallido de 2021, han tomado la costumbre de interrumpir el internet móvil cuando surgen estos brotes para evitar su extensión.

Opositores y activistas denuncian regularmente detenciones arbitrarias, hostigamiento o presiones para abandonar su país. Justicia 11J lanzó recientemente una campaña para alertar sobre el arresto de “diez activistas y disidentes cubanos” que siguen encarcelados, bajo una “nueva ola de represión”.

“En Cuba la situación de derechos humanos sigue deteriorándose”, denunció en mayo Amnistía Internacional, apuntando al código penal en vigor desde 2022, que es más represivo.

El Vaticano, la Unión Europea y Estados Unidos pidieron la liberación de los manifestantes encarcelados.

*Con información de AFP