El Parlamento de Venezuela aplazó este jueves el debate final para la aprobación de una amnistía general para los presos políticos en el país, al no llegar a un acuerdo sobre un artículo que impacta el alcance de la ley.
Se espera que este estatuto permita la libertad plena de los opositores al gobierno del arrestado Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez. Este deseó se escuchó en la jornada de manifestación de esta mañana que congregó a miles de personas en Caracas al grito de “no tenemos miedo”.
La ley de amnistía es una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro, que asumió el poder tras la captura del mandatario en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Maduro estuvo en el poder desde 2013, cuando sucedió a Chávez, que gobernaba desde 1999.
El debate se detuvo en en el artículo 7, que indica abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” en 27 años del chavismo.
La oposición objetó el final de la redacción que exige que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho”. Lo que quiere decir que, si alguien quiere ser amparado por la amnistía, deberá presentarse ante un juez en Venezuela.
La controversia radica en que la oposición sostiene que estas personas no serían juzgadas de manera imparcial, al considerar que el sistema judicial carece de independencia.
La diputada opositora Nora Bracho explicó que la propuesta del partido de gobierno implica “que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera”, sino que sea un proceso automático.
Por otra parte, la diputada oficialista Iris Varela argumento que “no se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito”, añadió que, “el que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía”.
“Aquí pareciera que alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido”, aseguró la diputada Varela.
La oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el gobierno propuso aplazar la discusión “en aras de mantener ver el clima necesario de conciliación de consenso”, indicó el diputado Jorge Arreaza, exministro de Maduro y de Chávez y responsable de la redacción del texto.
Otro de los artículos que ha generado controversia es el numero 8, que detalla que sucesos serian tomados en cuenta para esta nueva ley, son los siguientes:
- El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
- Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
- Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero, marzo y agosto de 2004.
- Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo de 2007.
- Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.
- Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014.
- Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto de 2017.
- Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril de 2019.
- Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Familiares de varios presos políticos denunciaron el martes que este articulo iba a dejar afuera a muchos de los que permanecen en la cárcel. Andreina Baduel, hija del preso político fallecido en prisión, el general Raúl Baduel dijo que se "dejaría por fuera a más de la mitad de los presos políticos“.
Con información de AFP