La Unión Europea calificó de “profundamente lamentable” la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y aseguró que está dispuesta a adoptar las medidas necesarias para garantizar que el tribunal pueda continuar con sus funciones.
La reacción se conoció este viernes 9 de octubre, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y el organismo con sede en La Haya.
La medida estadounidense representa una ampliación de las acciones de la administración de Donald Trump contra la institución, a la que ha cuestionado por sus investigaciones judiciales.
Según la información difundida por agencias internacionales, las sanciones buscan limitar las operaciones de la Corte y su acceso a servicios financieros y tecnológicos estadounidenses.
La Comisión Europea reiteró su respaldo a la independencia del tribunal y a la continuidad de sus actividades. La posición de Bruselas también coincide con las advertencias de otros países que consideran que las restricciones pueden afectar el trabajo de los funcionarios judiciales y la capacidad de la institución para investigar los crímenes más graves.
La propia CPI rechazó las sanciones anunciadas por Washington y advirtió que constituyen un intento de obstaculizar la administración de justicia.
En un comunicado publicado el 9 de octubre, el organismo sostuvo que las medidas buscan interferir en el trabajo de una institución independiente creada mediante un tratado internacional.
#Atento l La vicepresidenta de la Unión Europea, Kaja Kallas, dialogó con la presidenta de la CPI tras las sanciones anunciadas por EE.UU. Señaló que el plazo de seis meses antes de su aplicación permite negociar, y reafirmó el respaldo europeo a la Corte pic.twitter.com/mSoYesLKNg
— Diario La República (@larepublica_co) October 9, 2026
La presidenta de la Corte, Tomoko Akane, aseguró que el tribunal continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, de acuerdo con la ley y las pruebas.
También pidió respaldo a los Estados que integran la institución para garantizar la continuidad de sus operaciones.
La CPI tiene entre sus funciones investigar y juzgar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, bajo las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma.
Actualmente cuenta con 125 Estados parte, aunque Estados Unidos no pertenece a ese grupo.
Las nuevas restricciones se suman a las sanciones estadounidenses impuestas durante los últimos meses contra jueces y funcionarios de la Corte.
Washington ha cuestionado especialmente las investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses y las actuaciones judiciales que involucran a dirigentes israelíes.
En septiembre, la Unión Europea ya había expresado su rechazo a las sanciones contra Akane y el abogado principal de juicios, Abdoulaye Seye. En esa ocasión, el bloque insistió en que la independencia del tribunal debe mantenerse al margen de presiones e intimidaciones externas.
La Comisión Europea también ha contemplado instrumentos jurídicos para proteger a los actores europeos afectados por sanciones extraterritoriales estadounidenses. Entre las opciones figura el denominado estatuto de bloqueo, diseñado para limitar determinados efectos de medidas impuestas por terceros países.
Sin embargo, Bruselas todavía enfrenta el desafío de convertir su respaldo diplomático en mecanismos efectivos de protección. La aplicación de las sanciones podría afectar a proveedores, trabajadores y servicios esenciales para el tribunal.
El enfrentamiento plantea un nuevo desafío para la cooperación internacional en materia de justicia. Mientras Estados Unidos mantiene su presión contra la CPI, la Unión Europea y otros países insisten en preservar la independencia del organismo y su capacidad para investigar delitos internacionales graves.