SEMANA conoció un presunto caso de supuestas millonarias estafas que involucra a un abogado que fue identificado como Wilmer David Ramírez Pérez.
De acuerdo con la información obtenida por esta revista y que reposa en denuncias instauradas en la Fiscalía General de la Nación y quejas en la Comisión de Disciplina Judicial, este sujeto, al parecer, utilizaba su conocimiento en remates judiciales, procesos de insolvencia y negocios particulares para captar los pagos que han llegado hasta los más de 1.000 millones de pesos.
Este medio escuchó al menos cinco de los testimonios de los denunciantes, donde figuran empresarios del sector transporte, funcionarios públicos, profesionales de diversas ramas y hasta altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Juan Sebastián Cuesta es un abogado de 36 años y especialista en contratación estatal, quien sería una de las víctimas de su colega. Su calvario comenzó cuando decidió invertir en un supuesto remate judicial de un apartamento que estaba situado en El Rosal, Cundinamarca.
“Él estaba diciendo que era abogado, que tenía una empresa que llevaba remates judiciales, que llevaba también procesos de insolvencia económica y que tenía los contactos en los bancos y que los bancos le informaban acerca de remates. Había notificado de un remate en un municipio llamado El Rosal, de un apartamento, y para eso necesitábamos presentar una postura”, explicó.
Una postura es un ofrecimiento económico que realiza el interesado en este predio y que en esta oportunidad sería de 80 millones de pesos, pero inicialmente debía hacer un anticipo y cuando el inmueble quedara a su nombre entregaba el restante.
Cuesta precisó que antes de entregar la suma de dinero consultó sobre si su propuesta no ganaba y este abogado le dijo que le devolvían la suma entregada.
“Firmamos el contrato de prestación de servicios. Ese mismo día le entregué 50 millones de pesos: se hizo una consignación de 40 millones y 10 millones en efectivo. En el transcurso de esa semana me envió un correo electrónico diciéndome que ya había sido recibida la postura y que había sido la ganadora”, relató.
En ese momento, cuenta el hombre que pasaron semanas, pero no le entregaron su inmueble y Ramírez Pérez, aunque le contestaba con evasivas, no le definía qué era lo que había sucedido con su plata. A comienzos de 2026, el profesional del derecho estaba necesitando su dinero por temas personales y, al ver que no tenía el inmueble, solicitó el reembolso de su dinero al juzgado. La sorpresa fue grande.
“El juzgado me contesta y me dice: ‘Señor Sebastián, envíeme el título, la consignación original’. Yo se lo envío porque ese comprobante también me lo había enviado Wilmer David, donde aparecía una consignación por la presentación de la postura a mi nombre. Como a los 15 días, el juzgado me contesta mediante auto diciendo que autorizaba la devolución del título por 50.000 pesos. Y yo: ¿Cómo así que 50.000 pesos?, si yo entregué 50 millones”, precisó.
La diferencia en los números era mucha. El juzgado, al revisar los comprobantes entregados por Cuesta, determinó que hubo una alteración en ese papel de la consignación. Nunca hubo tal propuesta de 50 millones de pesos.
“Él consignó 50.000 pesos, pero a mí me pasó una consignación con tres ceros de más, como si fueran 50 millones de pesos. Ahí me alerté. Voy a la Fiscalía y en este momento el proceso está en Fiscalía”, explicó.
Ahora, Cuesta terminó investigado en la Fiscalía General de la Nación porque el juez le compulsó copias después de que él remitiera el documento que consideraba auténtico por el trámite que estaba realizando.
“Es un ahorro. Siempre he sido contratista y uno se abstiene de ciertos caprichos precisamente para ahorrar y construir un patrimonio. Es prácticamente el ahorro de más de diez años de trabajo. Verse en esta situación es muy triste”, contó.
Un odontólogo
En medio de este caso tan escandaloso de supuestas estafas se encuentra la historia de Fernando Peña Romero, un odontólogo de 71 años especializado en implantes dentales; es diferente, pero también involucra una suma considerable de dinero y al mismo abogado: Wilmer David Ramírez Pérez.
El hombre relató que salió del país en el año 2018 y estuvo por 4 años laborando en Chile, pero regresó en 2022 con algo ahorrado, por lo que invirtió en varios negocios relacionados con clínicas odontológicas, pero no le generó las utilidades que esperaba.
En ese contexto, conoció a Ramírez Pérez, quien presuntamente le vendió la idea de declararse en bancarrota y comenzar un proceso de insolvencia económica. El hombre denuncia que lo indujo a comprar los vehículos antes de declararse insolvente con la promesa de que él se los iba a comprar.
“Me presentaron al doctor Wilmer David para hacerme el empalme de lo que era la insolvencia económica. En un comienzo, todo funcionó muy bien. Él me cobró a mí entre 110 y 120 millones de pesos por el caso y todo iba muy bien”, relató.
En medio de todo este proceso que le adelantaba el abogado a Peña, hicieron negocios con vehículos y otros bienes del odontólogo, por lo que este accedió a entregárselos; sin embargo, el dinero solo quedó en promesas. Nunca llegó.
“Él me prometió que me sacaba adelante. Los negocios se vinieron abajo, no se pudieron rescatar y se perdieron las inversiones. Entonces me dijo que él me rescataba y me compraba los carros que yo tenía. Él me compró tres carros y no me pagó absolutamente nada”, denunció.
De acuerdo con el testimonio de Peña, entre el dinero entregado por el proceso jurídico que arrancó y los negocios de los carros, serían más de 420 millones de pesos que perdió y que hoy, por medio de tediosos procesos judiciales, pretende recuperar.
Entre las promesas que el abogado le hizo a don Francisco Peña estaban las escrituras de una casa situada en Saboyá, Boyacá, pero cuando este fue a revisar las escrituras, se dio cuenta de que eran falsas.
“Cuando me di cuenta de que él no me iba a cumplir con la deuda, empecé a descubrir que la escritura que me había hecho en Saboyá era falsa. Fui a la notaría y después a las oficinas de registro. Me di cuenta de que eso tenía un embargo grandísimo; se comprometió a levantar ese embargo, cosa que no hizo”, agregó.
Peña reconoció que el abogado le hizo unos pequeños abonos de la millonaria suma de dinero que le había quitado, pero estos nunca más los hizo y quedó quebrado, pero también presuntamente estafado.
“Al comienzo él mandaba abonos pequeños. Cuando me di cuenta de que no me iba a cumplir, decía que me iba a hacer un abono y yo pensaba que sería de 20 o 30 millones; aun así, hacía abonos pequeños. Hasta donde pude soportar, eso lo hice para conseguir mis abogados y financiarme para poder defenderme”.
Peña asegura que actualmente existen dificultades para comunicarse con el abogado y que desde hace varios meses no obtiene una respuesta sobre los compromisos económicos que reclama. También denunció una situación alrededor de los tres vehículos involucrados en los negocios.
“Los vehículos están a mi nombre todavía, con el respectivo embargo de cada banco. En la actualidad, los vehículos andan y yo sigo con esa situación”, insistió. Aunque Peña ya llevó su caso a la Fiscalía General de la Nación, este se encuentra avanzando de una manera muy lenta.
“Yo lo único que le pido a la justicia es que le pongan atención a profesionales como este señor. Supuestamente, la figura del abogado es una persona respetable, a la que uno le deposita toda su confianza para que lo saque a uno de los problemas y no para terminar en más problemas”, indicó.
Por otra parte, están tres casos más que involucran a un reconocido abogado de Bogotá, un alto oficial de las Fuerzas Armadas y una exprocuradora seccional que fue estafada cuando pretendía comprar una casa en Bucaramanga, Santander, en medio de un remate judicial que nunca existió y terminó perdiendo la suma de más de 15 millones de pesos.
Estas otras personas, por su vida pública, accedieron a contar parte del viacrucis que hoy viven de manera anónima, aunque sus casos se encuentran con denuncias formales ante las autoridades judiciales.
“La Fiscalía tiene conocimiento de ciertas denuncias. Uno pone la denuncia ante la Fiscalía y queda ahí y no trasciende. En este momento lo que sabemos es que están recepcionando las denuncias”, explicó.
Las personas que aseguraron ser víctimas de este abogado señalaron que creyeron en este hombre porque tiene conocimiento en cada uno de los procesos de los que habla. “Tiene conocimientos, obviamente, porque es abogado. Está en el tema de remates judiciales, entonces conoce bien los términos y demás. Yo confié en eso”, sostuvo.
Lo que ha llamado poderosamente la atención es que el abogado Wilmer David Ramírez Pérez figura como demandado en al menos 16 radicados ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, registrados entre 2019 y julio de 2026. Los primeros expedientes que aparecen en el documento fueron radicados el 22 de mayo y el 12 de septiembre de 2019, y el 12 de febrero de 2020.
Este polémico caso continúa y las víctimas solo confían en la pronta acción de las autoridades judiciales y disciplinarias para determinar responsabilidades. Este medio se comunicó con el abogado acusado de esta presunta millonaria estafa, pero hasta la publicación de esta denuncia no se había obtenido respuesta alguna.