En un hecho insólito de corrupción en la justicia. Una juez de Control de Garantías de Bogotá fue capturada por beneficiar, presuntamente, a un narcotraficante solicitado en extradición por los Países Bajos.
La Fiscalía presentó todos los elementos de prueba que advierte como la jueza, aparentemente y a cambio de un millonario soborno, concedió la libertad a un señalado narcotraficante. La transacción criminal se concretó con la ayuda de una abogada y otro funcionario del centro de servicios judiciales de Paloquemao en Bogotá.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a la juez Myriam Alcira Martínez López, a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y al funcionario judicial Waldo Garavito Mejía, por su presunta participación… pic.twitter.com/e1FyJG0xfO
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 5, 2026
En la noche de este jueves, otro juez en Bogotá ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario tras advertir que su colega representa un peligro para la sociedad y el proceso que apenas arranca tendrá que enfrentarlo desde una cárcel.
“Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a la juez Myriam Alcira Martínez López, a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y al funcionario judicial Waldo Garavito Mejía, por su presunta participación en un caso de corrupción judicial”, dijo la Fiscalía.
El ente acusador presentó durante las audiencias preliminares las evidencias que dejaban a la jueza, una abogada y al funcionario del centro de servicio judiciales, como presuntos responsables de los delitos imputados. Entre esas evidencias se destacaron videos, audios y fotografías que el mismo narco dejó como pistas para los investigadores.
La Fiscalía también entregó interceptaciones telefónicas entre el narco y la abogada, donde advierten la necesidad de dejar el proceso en el despacho de la juez ahora capturada, señalando la importancia de que la solicitud de habeas corpus terminara en manos de esta funcionaria judicial, de lo contrario, podría seguir privado de la libertad.
La investigación también dejó al descubierto que la juez, el pasado 4 de junio, habría recibido 600 millones de pesos de la abogada implicada con el fin de conceder el hábeas corpus al extranjero requerido por el delito de narcotráfico, según la Fiscalía.
Mientras que Garavito Mejía, el funcionario del centro de servicios judiciales, al parecer, direccionó el reparto de la solicitud de libertad para que llegara directamente al despacho de la juez que ahora tendrá que permanecer en la cárcel durante el juicio.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía responsabilizó a los tres implicados por los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público; Martínez López también deberá responder por prevaricato por acción. Ninguno aceptó cargos.