Este martes, la sesión plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que obliga la enseñanza de clases de urbanidad, civismo, transparencia y moralidad pública durante la educación básica primaria, secundaria y media.
En ese sentido, el proyecto estipula que las instituciones educativas deberán implementar “el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, lo cual incluye los derechos y garantías así como los deberes y obligaciones constitucionales”.
Así mismo, especifica que dentro de la capacitación deberán impartirse “nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, derecho laboral, y contratos más usuales”.
Se tendrá también que hablar acerca del aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo y enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales.
“La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos; y la educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad”, también son algunas de las disposiciones del proyecto.
Finalmente, se implementarán guías sobre el desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la formación de criterios para evaluar las distintas consecuencias que para su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones, pasajeros y conductores.
“Los establecimientos educativos oficiales o privados que ofrezcan educación formal, en el marco de su autonomía deberán desarrollar estrategias pedagógicas con criterios de objetividad y de acuerdo con el curso de vida, que promuevan la participación democrática y el ejercicio de la ciudadana que aseguren la transparencia, los valores éticos y el cuidado de lo público”, expone el documento.
De aprobarse el proyecto en el Senado de la República, el Ministerio de Educación Nacional tendrá máximo seis meses para reglamentar lo que pase.