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Atención | Tribunal tumbó la designación de Daniel Palacios como ministro del Interior

Esto por determinar que se vulneró la Ley de Cuotas. Por estos hechos ya se anularon las designaciones del Ministro de Defensa y del Director del DAPRE.


Cero y van tres. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el decreto mediante el cual se designó a Daniel Andrés Palacios Martínez como ministro del Interior. Esto por considerar que se vulneró la ley de cuotas.

En el análisis jurídico, la Sección Primera del Tribunal Administrativo consideró que el presidente de la República, Iván Duque, debía designar a una mujer para ocupar este cargo luego de la renuncia de Alicia Arango, en septiembre de 2020.

“De modo que, con el Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por el cual el presidente de la República nombró al señor Daniel Andrés Palacios Martínez, como ministro del Interior, se disminuyó la participación de las mujeres en los ministerios, ya que con los 5 cargos ocupados por mujeres, a la fecha de su expedición, representan menos del 30 %, incumpliendo con los mínimos exigidos en el artículo 4° de la Ley 581 de 2000, pues al haber nombrado a un hombre mediante el acto acusado, se contaba con menos del 30 % de participación de la mujer en el gabinete ministerial”, precisa la decisión.

Tribunal declaró nulo el fallo que designó a Daniel Palacios como MinInterior.
Tribunal declaró nulo el fallo que designó a Daniel Palacios como MinInterior. - Foto: Captura de pantalla

Para el momento de la demanda, febrero de 2021, se advierte que solamente habían cinco mujeres en el gabinete ministerial: Claudia Blum de Barberi (Canciller); María Victoria Ángulo González (Educación); Karen Cecilia Adudinem Abuchaibe (MinTIC); Ángela María Orozco Gómez (Transporte); y Mabel Gisela Torres Torres (Ciencia).

“En consecuencia, se accederá a la pretensión de nulidad del Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por las consideraciones expuestas en precedencia y se ordenará al presidente de la República para que, al hacer un nuevo nombramiento, este cumpla con las disposiciones de la Ley 581 de 2000, pues está obligado a nombrar, al menos el 30 % de los cargos de máximo nivel decisorio en los Ministerios, a mujeres”, detalla el fallo de 36 páginas.

En el análisis de la demanda presentada por un grupo de abogados y ONG se advierte que en efecto la Presidencia de la República redujo considerablemente la participación de las mujeres en los Ministerios, desconociendo por completo los artículos 2 y 4 de la Ley 581 de 2000.

“Por lo que, a juicio de los demandantes, existiendo un deber de aumentar la participación de las mujeres en el Gobierno porque ésta estaba reducida a un porcentaje ilegal, el Presidente ocupó las vacantes sin nombrar a una mujer, muy a pesar del deber de completar el 30 % de las vacantes, pues el Presidente decidió reducir al 27,7 % de participación de mujeres”, reclamaron los accionantes.

En este sentido se manifestó que el jefe de Estado debía designar una mujer para ocupar el cargo que había dejado Alicia Arango, así completaría las seis mujeres en su gabinete y cumpliría lo que dice la ley. Haciendo una revisión de las designaciones para la fecha se encontró que de los 18 ministerios trece estaban ocupados por hombres: Daniel Palacios (Interior); Alberto Carrasquilla (Hacienda); Wilson Ruiz (Justicia); Diego Molano (Derecho); Rodolfo Zea (Agricultura); Fernando Ruiz (Salud); Ángel Custodia (Trabajo): Diego Mesa (Minas); José Manuel Restrepo (Comercio); Carlos Eduardo Correa (Ambiente); Jonathan Malagón (Vivienda); Pedro Felipe Buitrago (Cultura), y Ernesto Lucena (Deporte).

Por estos hechos, el mismo tribunal ya tumbó las designaciones de Diego Molano como ministro de Defensa y de Víctor Muñoz como director administrativo de la Presidencia.

En el caso de Molano, como lo reveló SEMANA en exclusiva, la Presidencia ya le pidió al Consejo de Estado anular los efectos del fallo al considerar que no se tuvieron en cuenta varios factores.

Mientras que Muñoz anunció que iba a presentar recurso de apelación ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. Mientras no se toma una decisión de fondo, el funcionario podrá seguir en su cargo.