Un audio intimidatorio está llegando a los teléfonos de los presidentes de juntas de acción comunal y campesinos del municipio de Policarpa, en el norte del departamento de Nariño, en el que una persona les amenaza para que salgan a votar.
La voz, que fuentes consultadas por SEMANA aseguraron corresponde a alias el Indio Jiménez, el cabecilla de la subestructura Franco Benavides, al mando de Iván Mordisco, exige a los líderes sociales reenviar la amenaza a toda la población a pocas horas antes de la jornada electoral de la primera vuelta presidencial.
“Hola, mi señor, muy buenos días, ¿cómo me le va? Una cosita, para recordarle a los presidentes y a la comunidad en general para que nos colabore enviando esta información a los comuneros, que para el tema de movilidad dentro del territorio se va a exigir el certificado electoral, sí, como se venía diciendo, y por medio de eso viene el tema de la carnetización también”, se escucha en el audio.
La carnetización es una medida que están adoptando desde hace varios años los grupos armados en las zonas rurales para mantener control sobre la población. Sucede en otras regiones como el Valle, Cauca, Meta, Antioquia y Guaviare, donde las disidencias de alias Calarcá y de Iván Mordisco se enfrentaron con un saldo de 48 personas muertas, entre ellas menores de edad.
“Entonces, para recordarle, para que usted me colabore enviando esa información a los demás presidentes, a las comuneras, para que tengan presente, que no vengan (a decir) que no tengo pa’l pasaje, que no me quedó tiempo, no, eso es algo que se vino hablando desde hace mucho rato y pretextos, no, lo único que de pronto se puede aceptar es la gente que no es de aquí de Colombia, como la gente venezolana; ellos no están obligados”, concluyó.
Este no es un hecho aislado. La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó un informe en el que se detallan 63 afectaciones al proselitismo político en 21 departamentos del país, con corte al 21 de mayo de 2026.
“Estas acciones se clasifican en seis categorías: daños a la publicidad electoral (24 casos), afectaciones a sedes de campaña (17), hostigamiento a activistas o militantes (11), control político por parte de grupos armados (estas son acciones efectuadas por grupos armados que prohíben tanto a la comunidad como a los partidos hacer campaña, 8), daño a material electoral (2) y enfrentamientos en eventos públicos (1)”, indicó esa organización.
Aunque para la MOE el 57 por ciento de esas acciones se concentran en Antioquia, Norte de Santander, Bogotá D.C. y Santander, es claro otro tipo de constreñimientos a la población en otros departamentos, como Nariño.
“A nivel municipal, se identificaron afectaciones en 38 municipios y hay una concentración crítica en Medellín y Bogotá”, explicó Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.
Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, reiteró la necesidad de preservar la estabilidad democrática y evitar que amenazas y hechos violentos interfieran en la recta final del proceso electoral.
“Es imperativo exigir a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional extremar todas las medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de los candidatos y de la población civil. Nuestra Fuerza Pública ya demostró su heroísmo y excelencia en las pasadas elecciones legislativas y en las consultas partidistas”, señaló el procurador.