El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa Solarte se pronunció este sábado, 20 de enero, frente a los hechos de presunta corrupción a los que está siendo vinculado, en el marco de las investigaciones por sobre una sofisticada red para saquear al Departamento de Prosperidad Social.
Entre los nombres implicados en este presunto caso de corrupción aparecen los senadores Ciro Ramírez (ya en prisión), Carlos Fernando Motoa, Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos y Miguel Ángel Barreto; así como el exdirector (e) del DPS Pierre García.
Motoa Solarte, a través de un comunicado, señaló que “las recientes noticias publicadas en medios de comunicación no consideran mi actuar y se fundamentan en hipótesis de la Fiscalía General, quien al no ser mi juez natural, imposibilita el ejercicio de mis derechos de defensa y contradicción”.
El congresista agregó que la información “inexacta proviene de alguien que, habiendo confesado sus delitos, ha manifestado no conocerme ni tener relación alguna conmigo”. Además, en el comunicado se refirió al principio de “presunción de inocencia” y el “debido proceso”.
“Con la rectitud, la transparencia y el respeto por las instituciones que han caracterizado mi servicio público, estaré atento y dispuesto a las solicitudes de la autoridad competente, la Corte Suprema de Justicia, en cuyo criterio y rigurosidad confío para esclarecer la verdad”, señaló.
Las revelaciones de SEMANA por millonario desfalco en DPS
Este medio accedió a los explosivos detalles del expediente que, según la Fiscalía, dejan en evidencia cómo se habría configurado una sofisticada red para saquear al Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Los seis senadores y sus cómplices formarían parte de una poderosa organización criminal dedicada a ‘cazar’ millonarios contratos entregados a dedo. En algunos casos, de manera indignante, las obras no se construyeron y quedaron inconclusas.
Se trata de un nuevo capítulo del expediente de corrupción conocido como ‘las Marionetas’, bautizado así en referencia al excongresista liberal Mario Alberto Castaño, fallecido en La Picota, quien durante años manejó a su antojo la contratación en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.
El modus operandi parece clonado del que puso en marcha en su momento Mario Castaño y fue descrito esta semana con claridad por la fiscal 94 de la Unidad Anticorrupción, en la audiencia de imputación de cargos contra García Jacquier. “Cada senador contó con un subgrupo de operaciones para obtener esos beneficios ilícitos en la contratación estatal”.
El expediente revela que un primer grupo de congresistas estaría vinculado directamente con Castaño. “El primer grupo de senadores es el de Mario Alberto Castaño, líder de esta organización delincuencial denominada ‘Marionetas’ y formarían parte, al parecer, de esos beneficios recibidos por la gestión de esos recursos de un contrato interadministrativo de 2021 por un valor de 22.000 millones de pesos, en el que se vieron beneficiados Juan Samy Merheg (Partido Conservador), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Juan Felipe Lemos (La U)”.
En el segundo grupo aparecen Ciro Ramírez (Centro Democrático), Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador) y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical). Según los investigadores, cada uno tenía a su “mano derecha” en las entidades en las que estaban interesados en mover la contratación.
De esa manera, obtenían información privilegiada. La finalidad, explica la Fiscalía, no consistía solamente en obtener ingresos, sino aumentar el poder político en las regiones. Y es que el arsenal de pruebas deja ver cómo se “instrumentalizó” el DPS y se puso al servicio de los congresistas, argumentó la fiscal del caso.