En las últimas horas, las víctimas reconocidas en el expediente judicial presentaron una recusación en la que solicitan que el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito no estudie los recursos de casación presentados en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Esto, por considerar que su posición se encuentra en tela de juicio, puesto que uno de sus hijos trabaja en la Procuraduría General, más especialmente, en el despacho del procurador Bladimir Cuadro Crespo, quien pidió -durante la etapa de juicio y en el recurso de apelación al fallo de primera instancia— que se absolviera al exmandatario de los cargos por los que fue acusado por la Fiscalía.
En el recurso, que deberá ser resuelto por el mismo magistrado, se indica que no se encuentran las garantías para que tome una decisión de fondo de los recursos que presentaron las víctimas (el senador Iván Cepeda; el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal General Jorge Fernando Perdomo; y la médica Deyanira Gómez Sarmiento), así como la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema.
Fuentes cercanas al caso indicaron que si el magistrado no acepta la recusación -que se resume en alejarse del conocimiento del caso— se presentará otro recurso que deberá ser estudiado por todos los magistrados que conforman la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, varios abogados penalistas consultados expresaron que la recusación no tiene vocación para prosperar, puesto que el hecho de que el hijo del magistrado labore en la Procuraduría General no representa ningún impedimento, falta ética o presión para que tome una decisión en este caso.
El magistrado Solórzano, quien hace poco fue nombrado presidente de la Sala Penal de la Corte, deberá entrar a definir si los recursos de casación cumplen con los requisitos para su admisión.
De considerar que sí los cumplen, deberá entrar a estudiar de fondo el caso y realizar una respectiva ponencia que deberá presentar ante sus compañeros de Sala. De considerar que no cumple, igualmente, deberá presentar una ponencia con sus argumentos ante la Sala.
De apoyarse su posición, el expediente del llamado caso Uribe quedará cerrado.
Los recursos de casación
En la segunda semana de enero, tras la vacancia judicial, las víctimas reconocidas y la delegada de la Fiscalía General pidieron que se revoque el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Uribe y,-por el contrario, deje en firme la condena de 12 años de prisión que impuso el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá.
Esto al considerar que existen suficientes pruebas documentales y testimoniales para concluir la responsabilidad del expresidente en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Los hechos tienen relación con la supuesta presión para que el abogado Diego Cadena Ramírez -quien ya fue condenado a siete años de prisión en fallo de primera instancia— lograra que un grupo de exparamilitares se retractara de las declaraciones que habían hecho en su contra.
Estos exparamilitares habían manifestado, tanto ante Justicia y Paz; como en la Corte Suprema de Justicia, que el exmandatario, junto a su hermano Santiago, había tenido nexos con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En las presiones —que contaron con el ofrecimiento de dinero en efectivo y asesorías judiciales— se buscaba que señalaran al senador Iván Cepeda de estar detrás de un complot en contra del expresidente y su núcleo familiar.