SEMANA conoció la resolución en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó unas medidas cautelares a favor de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que se encuentran secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 8 de mayo de 2025.
Dicha decisión se encuentra en la Resolución 61/2026, aprobada el pasado 8 de agosto, después de que el organismo internacional concluyera, bajo un análisis prima facie, que los dos funcionarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir un daño irreparable.
Y es que los dos integrantes del ente investigador fueron secuestrados por esta guerrilla cuando estaban realizando labores propias de su trabajo en el municipio de Fortul, en Arauca. Luego de su desaparición, el ELN dijo que estaban en su poder y dio a conocer la primera prueba de supervivencia.
En una de esas grabaciones que se conocieron por medio de las redes sociales, Pacheco Oviedo lanzó un llamado desesperado: “Pido al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado de Paz, a la señora fiscal general de la Nación, a la Iglesia Católica, a la Defensoría del Pueblo, a la Cruz Roja Internacional y a todos los organismos internacionales defensores de derechos humanos […] buscar un acercamiento para que se pueda dar nuestra liberación”.
Asimismo, López le pidió al Ejército Nacional que no intentara un rescate mediante una operación militar porque colocaban en riesgo sus vidas. Lo que ha llamado poderosamente la atención de la CIDH es el juicio revolucionario que le hizo el ELN contra estos integrantes del CTI de la Fiscalía.
De acuerdo con la información incluida en la resolución, integrantes de esa guerrilla atribuyeron a López Estrada y Pacheco Oviedo supuestas actividades de espionaje e inteligencia estatal contra el ELN. Los dos hombres fueron sentenciados a 55 meses de privación de la libertad.
La CIDH dijo que es sumamente grave este episodio porque la Defensoría del Pueblo había advertido que algunas personas sometidas anteriormente a los llamados “juicios revolucionarios” terminaron asesinadas.
“La Comisión observa con especial preocupación que, según la información aportada por el propio Estado, la Defensoría del Pueblo advirtió que algunas personas sometidas a los denominados ‘juicios revolucionarios’ han sido posteriormente asesinadas”, se lee en la resolución en poder de SEMANA.
Según la documentación presentada ante la CIDH, López Estrada tendría una afección cardíaca diagnosticada desde 2022 que requiere tratamiento permanente. Pacheco Oviedo, entretanto, padecería hipertensión arterial y tendría cálculos en la vesícula pendientes de una intervención quirúrgica.
La Comisión manifestó una “profunda preocupación” por las condiciones en las que podrían encontrarse. “La alegada ausencia de atención médica adecuada, aunada a la prolongación del cautiverio, podría aumentar aún más su situación de vulnerabilidad”, señalaron.
La CIDH también tuvo en cuenta el testimonio de una persona que estuvo privada de la libertad en condiciones similares y fue liberada el 16 de junio de 2026. Según ese relato, aunque el ELN suministraría algunos medicamentos, estos no serían entregados con la frecuencia ni en las condiciones requeridas.
En medio de este complejo panorama, la Comisión solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de López Estrada y Pacheco Oviedo. Además, le pidieron impulsar mecanismos humanitarios que permitan verificar directamente su estado de salud y garantizar la atención médica requerida.
También exigió redoblar los esfuerzos para determinar su situación y paradero con miras a conseguir su liberación, concertar las medidas con sus familiares y representantes, mantenerlos permanentemente informados e informar sobre las investigaciones relacionadas con los hechos que dieron origen a las medidas cautelares.
La CIDH fijó un plazo de 15 días desde la notificación de la resolución para que Colombia detalle las acciones adoptadas en cumplimiento de las medidas cautelares y pidió que posteriormente esa información sea actualizada de manera periódica.