Por medio de un extenso comunicado, la Fiscalía General informó que pese a ser citada el pasado 12 de febrero para ampliar su denuncia por supuestos seguimientos, la recién posesionada superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego no se hizo presente a la diligencia judicial.
Tras revisar las denuncias hechas por la funcionaria en su cuenta de X -antes Twitter- la Fiscalía General pudo establecer que en el edificio en el que vive Rusinque también habita una persona que es investigada por presuntos hechos de extorsión.
“Es importante destacar que con ocasión a las fotografías y el escrito publicado en redes sociales por la señora Rusinque Urrego, se logró contrastar que las personas relacionadas son servidores adscritos al CTI que se encontraban cumpliendo una orden a Policía Judicial emanada por una fiscalía especializada-Gaula, que adelantaba un proceso penal contra un grupo delincuencial dedicado a la extorsión”, reza el tercer punto del comunicado.
En otras palabras se señala que se presentó una coincidencia que la persona investigada viviera en el mismo edificio de la funcionaria. Esta situación le fue comunicada a la Superintendente el pasado 5 de febrero. Igualmente, se le citó a una ampliación de denuncia para que entregara los elementos materiales probatorios que consideraba pertinentes “pero la denunciante no se hizo presente”.
La investigadora del caso certificó que, en efecto, “en este proceso investigativo se han realizado diversas actividades de Policía Judicial que permitan la ubicación de presuntos implicados. Dentro de este radicado se encuentra vinculada una persona que registró como dirección de ubicación al conjunto residencial donde la señora Rusinque Urrego manifiesta residir”.
En este sentido se advierte que en el marco de estas investigaciones ni los agentes de policía judicial ni del CTI indagaron por el lugar de residencia de la Superintendente “ni ingresaron al conjunto residencial. Lo anterior consta dentro de las actividades que obran en el proceso respectivo”.
En la actualidad, un fiscal adscrito a la dirección especializada contra la violencia a los derechos humanos busca verificar lo denunciado por la funcionaria.
En su última rueda de prensa como Fiscal General, Francisco Barbosa indicó el pasado lunes que no se presentó ninguna irregularidad y nada ilegal en las acciones que se adelantaron en inmediaciones al lugar de residencia de la funcionaria, asegurando que todo se trataba de una coincidencia.
“Desgraciadamente, para ella coincidió en que había un presunto extorsionista viviendo en el edificio”, aclaró Barbosa en la noche del pasado lunes.
Frente a lo denunciado por Ramiro Bejarano, se pudo establecer que en efecto una fiscal abrió una línea de investigación frente al magnicidio del excandidato a la presidencial Álvaro Gómez Hurtado.
Teniendo en cuenta varias pruebas, la fiscal buscó establecer la participación de agentes tanto de la Policía Nacional como del DAS en la planeación del crimen y de la desviación de la investigación.
Casualmente, durante la época de los hechos, 1995, Ramiro Bejarano fungía como director del DAS. “Efectivamente una de las líneas investigativas que indaga la fiscalía fue la presunta participación de integrantes de la policía nacional y el DAS, que era como la policía secreta de esa época”, explicó.
En este caso, “una fiscal autónoma e independiente que no tiene relación con el fiscal ni con la vicefiscal adelantó líneas investigativas que tuvieron que ver con la inspección a la dirección nacional de inteligencia para recaudar pruebas y documentos de archivo del antiguo DAS”.
Frente a lo descrito por el columnista, el Fiscal General aclaró que en ningún momento se adelantó una investigación directa contra él.
“Es falso conforme a la investigación recaudada, que la Fiscalía haya realizado de tipo seguimientos, escuchas en contra del señor Ramiro Bejarano. Entonces no hay de qué preocuparse, todas estas actuaciones se hicieron de acuerdo a la ley”, manifestó Barbosa.
“Ni en el caso de la doctora Rusingue ni del columnista Bejarano se puede inferir o denotar una actividad ilegal. Todas las personas en el país tienen derecho al debido proceso”, aclaró.