En medio del anuncio de la construcción del denominado estatuto antiterrorista que será presentado por el Gobierno De La Espriella ante el Congreso de la República, hay un debate por su contenido: la posible extralimitación de facultades.

En este contexto, el ministro de Interior, Rodrigo Lara, quien tendrá que realizar la defensa del articulado en el Senado y la Cámara de Representantes, indicó que en el articulado habrá una lista clara de organizaciones catalogadas como “terroristas”.

“Es un estatuto completo, preciso y enfocado en las organizaciones que sean declaradas como tal en las listas que vamos a crear”, explicó el ministro Lara.
Sin embargo, Colombia ya tiene una lista de organizaciones terroristas identificada y aprobada, el 17 de septiembre de 2020, por el Consejo de Seguridad Nacional, instancia de la que forman parte los altos mandos militares, ministros y el presidente de la República.
Ese día, con la presencia del entonces presidente Iván Duque, altos funcionarios del Estado, ministros y mandos militares, se discutieron las “obligaciones del Estado colombiano derivadas del derecho internacional en la lucha contra el terrorismo”.
Además de la lista de organizaciones, hubo compromisos claros del Estado, aunque al parecer no se cumplieron durante el gobierno pasado del expresidente Gustavo Petro. Así, se obligaba a “cooperar con el fin de localizar, negar refugio y someter a la acción de la justicia, según el principio de extradición o enjuiciamiento, a toda persona que apoye, facilite, participe o trate de participar en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas, o proporcione refugio”.
Otros compromisos claros eran: “Asegurar que los autores de actos terroristas sean detenidos y enjuiciados o extraditados, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho nacional e internacional”, y para eso procurar “concertar y aplicar acuerdos de asistencia judicial mutua y extradición, y fortalecer la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley”.

La lista de organizaciones terroristas aprobada en ese momento tenía 66 calificadas así por el Gobierno de los Estados Unidos y otras 21 catalogadas así por la Unión Europea. Además, había una lista más de 14 terroristas reconocidos mundialmente y buscados por las autoridades.
Esa lista se debería actualizar en el estatuto antiterrorista, pues para el momento no estaban incluidas las disidencias de las Farc ni el Clan del Golfo.
