La Confederación General del Trabajo, CGT, anunció que no participará en las movilizaciones convocadas contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ni llamará a sus organizaciones afiliadas a sumarse a las jornadas de protesta.
La decisión, comunicada este viernes 9 de octubre, marca distancia frente al llamado del expresidente Gustavo Petro y de sectores sindicales y políticos que preparan manifestaciones para los próximos días.
En un comunicado firmado por su presidente, Jorge Iván Díez Vélez, y su secretario general, Francisco A. Burchardt Melo, la organización defendió su independencia frente a los partidos y sostuvo que su posición ante el Gobierno debe responder a los resultados de sus políticas, y no a afinidades ideológicas.
!!!La CGT no se moviliza ni convoca a sus organizaciones afiliadas, por convocatoria o llamado de sectores partidistas y políticos que por ideología lo promueven!!!!
— @CGT_AUTONOMA (@CGT_ADS) October 9, 2026
Desde la perspectiva sindical de principios y valores democráticos la ponderación del desempeño de un gobierno no… pic.twitter.com/D8p5Kz5Gna
“La CGT no se moviliza ni convoca a sus organizaciones afiliadas, por convocatoria o llamado de sectores partidistas y políticos que por ideología lo promueven”, señaló la central sindical.
La organización también afirmó que no ha identificado elementos suficientes para respaldar el llamado a marchar contra la actual administración. Por esa razón, confirmó que se mantendrá al margen de las acciones de protesta anunciadas para las siguientes semanas.
¿Cuándo serán las movilizaciones convocadas contra De la Espriella?
La jornada central de movilización anunciada por sectores de oposición está prevista para el miércoles 14 de octubre de 2026, en distintas regiones del país. La convocatoria se enmarca en el rechazo a decisiones y políticas del Gobierno de De la Espriella y reúne a sectores sindicales, sociales y políticos que buscan defender sus reivindicaciones laborales y sociales.
La Central Unitaria de Trabajadores, Fecode y otras organizaciones han anunciado su participación en la jornada, que también se relaciona con la defensa de la educación pública, los derechos laborales, la democracia, la paz y las reformas sociales. Además, los sectores convocantes han planteado la posibilidad de preparar un paro nacional para noviembre.
En lugar de respaldar las marchas, la confederación invitó a sus afiliados a concentrar sus esfuerzos en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Entre sus prioridades mencionó la protección de las fuentes de empleo, la estabilidad laboral, el aumento de la productividad y los ingresos de los trabajadores, así como la inversión en infraestructura y la lucha contra la informalidad empresarial y laboral.
La organización también puso sobre la mesa la necesidad de mejorar el sistema de salud y la seguridad social, además de revisar la estructura del Estado.
El comunicado plantea que la evaluación del Gobierno nacional y de las administraciones regionales debe realizarse a partir de sus efectos sobre los trabajadores, los pensionados, la ciudadanía, la generación de empleo y las instituciones democráticas.
La CGT manifestó, además, su disposición a mantener conversaciones con los gremios empresariales, las distintas carteras ministeriales y la Presidencia de la República para alcanzar acuerdos. En su declaración, vinculó esa interlocución con la reconstrucción del país después de un desastre natural y con la recuperación de los indicadores macroeconómicos.
El debate por el decreto sobre la protesta social
La decisión de la CGT se conoce en medio de la controversia por el proyecto del Gobierno de De la Espriella para modificar las reglas de intervención de las autoridades durante las manifestaciones públicas.
El borrador, que plantea cambios al protocolo establecido mediante el Decreto 003 de 2021, busca definir qué constituye una protesta violenta, establecer las circunstancias en las que puede darse por agotado el diálogo y fijar distintos niveles de respuesta de la Fuerza Pública. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha defendido la iniciativa como una forma de diferenciar las manifestaciones pacíficas de los actos violentos y precisar los procedimientos de actuación de las autoridades.
Sin embargo, la propuesta ha despertado cuestionamientos por las facultades de intervención que podría conceder a la Fuerza Pública antes de agotar las etapas de prevención, diálogo y mediación contempladas en el protocolo vigente. Las críticas advierten sobre el riesgo de que criterios amplios para identificar conductas violentas reduzcan las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta.
El debate enfrenta dos preocupaciones: la obligación del Estado de responder ante actos violentos, daños y amenazas al orden público, y la necesidad de proteger las manifestaciones pacíficas como un derecho democrático.