La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una nueva indagación previa contra los integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que solicitaron el expediente que tiene la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio del líder social Jesús María Valle.
Este nuevo proceso contra los legisladores que se encargan de investigar al presidente arrancó el pasado 3 de septiembre, cuando un ciudadano identificado como Omar Alberto Franco Becerra denunció ante la Corte Suprema a los integrantes de dicha comisión por el presunto delito de prevaricato por acción.
Esa actividad ilegal ocurre cuando un servidor público dicta una resolución, un dictamen o un concepto que sería completamente contrario a lo que está estipulado en la ley. Lo que el denunciante estaría planteando es que los congresistas que solicitaron dicho proceso a la Fiscalía habrían incurrido en ese delito.
Después de que la denuncia llegó a la Sala de Instrucción, el sistema de reparto de la Corte asignó el proceso al despacho del magistrado César Reyes, quien ordenó abrir una indagación previa para verificar si la circunstancia relatada constituye o no un delito de prevaricato por acción.
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Sin embargo, Reyes culminó este 8 de octubre su periodo en la Corte Suprema de Justicia, por lo que el proceso lo asumiría la magistrada Susana Quiroz Hernández, elegida para ocupar ese despacho. La nueva togada ahora tendrá que avanzar en ese proceso.
La proposición para pedirle a la Fiscalía el expediente del expresidente Uribe por esos hechos que ocurrieron en Antioquia fue presentada por los congresistas Daniel Briceño, Chucho Lorduy, Jhonathan Pineda y Carlos Cuenca. También contó con el respaldo del Pacto Histórico a través de María del Mar Pizarro, David Alejandro Toro, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez y Jorge Bastidas.
Esos serían los congresistas que el ciudadano Franco Becerra habría denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por la supuesta extralimitación en la que habrían incurrido al solicitar a la Fiscalía el expediente contra el exmandatario.
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En la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar tiene el expediente que ha construido la Fiscalía sobre esos hechos y las investigaciones que ha adelantado la Comisión de Acusación para resolver el conflicto de competencias que se armó en la justicia para saber quién investiga a Uribe.
El debate jurídico se armó porque las masacres de El Aro y La Granja, y el crimen de Jesús María Valle, se habrían registrado cuando el expresidente era gobernador del departamento de Antioquia, por lo que no tendría el fuero presidencial para que la Comisión de Acusación lo investigue.
