Convocan marchas para este miércoles para exigir la intervención inmediata de la vía alterna La Calera-El Codito

En medio de la dramática situación que se vive en La Calera, tras la emergencia presentada el pasado fin de semana, producto de las fuertes lluvias, lo que generó desbordamiento de afluentes de agua y remoción de masas, dejando 46 casas afectadas y dos personas muertas, los habitantes de este municipio convocaron a una marcha para este miércoles 16 de noviembre.

Líderes comunales, presidentes de las juntas de acción comunal, están exigiendo que se inicie de manera inmediata las obras de recuperación de la vía alterna La Calera-El Codito.

De acuerdo con los convocantes a la marcha, dichas obras están establecidas en el contrato ICCU-128 de 2022 Y el cual fue adjudicado mediante resolución 229 del 10 de mayo de 2022. “Dicho contrato tiene por objeto la reparación de la vía y la administración municipal ni la departamental dan explicaciones válidas ni coherentes sobre los recursos asignados, el alcance de la obra, los tiempos y responsables de la misma”, advirtieron.

Asimismo, mientras se pone en marcha el contrato, le exigen a la Gobernación de Cundinamarca que se diseñe y ejecute un plan de acción inmediato y funcional para el manteni­miento de la vía que incluya recursos como maquinaria y materiales, así como la limpieza de desagües y el encauzamiento de aguas, con el fin de mejorar la movilidad hoy casi inexistente.

Piden se difunda adecuada y oportunamente el plan para gestión de riesgos de la zona, de manera que la comunidad pueda prepararse, hacerle frente y mitigarlos.

“Dicho trayecto hoy representa multiplicidad de riesgos para la integri­dad personal y patrimonial de los usuarios”, dijeron.

Solicitaron un cronograma de trabajo y plan de ruta para la ejecución del proyecto a total satisfacción.

La marcha se hará sobre la antigua vía al Guavio, que conduce de La Cabaña (Perimetral de Oriente) hacia la vereda La Aurora y a Bogotá por El Codito. El punto de encuentro será el CAI Aurora Baja.

Una emergencia anunciada

En la mañana de este martes 15 de noviembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideró un Puesto de Mando Unificado (PMU) en La Calera, luego de la grave emergencia que se presentó el pasado sábado a raíz de la ola invernal, y que hasta el momento deja dos personas muertas.

Al término del mismo, a la mandataria distrital se le cuestionó que los habitantes de las zonas han advertido que lo ocurrido se trató de una emergencia anunciada, pues desde hace mucho tiempo atrás venían alertando que una tragedia como la ocurrida podía suceder, dado que varios árboles estaban en riesgo de caer, a lo que la alcaldesa López aceptó que efectivamente tenían razón.

“Esta vía y todo lo que estamos haciendo es labor de la CAR de Cundinamarca, nosotros no deberías estar talando un solo árbol aquí, eso lo debe hacer la CAR, que recibe la bicoca del 7 % del predial de Bogotá para hacer esa tarea preventivamente, pero no la ha hecho desafortunadamente y por eso estamos acá haciendo la tarea”, dijo López.

La alcaldesa señaló que hay por lo menos 124 árboles sobre la vía que están identificados con alto riesgo y que se van a talar. Además, hay varios postes sobre la vía en intervención por Enel y ETB.

Ahora, frente a la posibilidad de que una emergencia como esta vuelva a ocurrir, Claudia López dejó claro que esa zona que aún pertenece a Bogotá, pero que está en la vía que de la capital del país comunica a La Calera, por lo que es una zona rural y no puede estar urbanizable.

“Esta es una zona de alto riesgo. Yo les dije a los vecinos que no vine a ganarme un aplauso de media hora para dejarlos en un problema para toda la vida. Esta discusión la tenemos desde el POT Bogotá Reverdece, querían que les autorizáramos urbanización de esta zona, pero eso sería una absoluta irresponsabilidad”, comentó López.

Dejó claro, además, que “la UPZ 89 es de carácter rural, no es urbana, está por fuera del perímetro de servicios públicos de agua, sin embargo, mucha gente vive aquí y vive sobre las zonas de quebradas, entonces aquí hay un problema estructural de décadas”.

De acuerdo con la alcaldesa López, se acordó con la comunidad trabajar en dos frentes: uno, en la emergencia y dos, a posteriori, se va a trabajar en la decisión que la UPZ 89 no es urbana, por lo que las familias que se están asentadas allí tendrían que ser reubicadas.

“Nunca será urbana, y se reglamentará como rural. Como ya estamos en la reglamentación del POT, desde la próxima semana vamos a tener una mesa de trabajo para los temas estructurales integrada por la comunidad, la alcaldía y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para poder evaluar y hacer obras de mitigación como canalización de aguas, muros de contención, y habrá necesidad de reubicación de predios”, explicó López.