Al prófugo Carlos Ramón González no le salió como quería la tutela que interpuso en la Corte Suprema de Justica con la que pretendía tumbar la orden de captura internacional que hay en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Con ponencia de la magistrada Adriana Consuelo López, integrante de la Sala de Casación Penal, se tomaron decisiones de fondo sobre la tutela con la que González buscaba dejar sin efectos el fallo de segunda instancia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, después de que le dictó orden de captura y medida de aseguramiento intramural.
González radicó la tutela a la Corte Suprema con varias pretensiones: “(i) Se ordene su libertad inmediata; (ii) se notifique e Interpol, para que suspendan los efectos de la circular roja expedida en su contra; (iii) se declare la nulidad del procedimiento seguido frente al recurso de apelación interpuesto el 3 de julio de 2025, (iv) y se remita de manera inmediata el expediente a la Sala de Casación Penal de esta Corporación”.
La Corte Suprema de Justicia analizó la tutela y concluyó que la decisión del Tribunal de Bogotá no evidencia la existencia de un ejercicio arbitrario o irrazonable de la función judicial que habilita la intervención de un juez.
“Se impone concluir que la controversia propuesta se circunscribe realmente a la aplicación temporal de dicha disposición legal y a su eventual incidencia en el proceso penal en curso, lo que revela que se acudió al trámite constitucional como instrumento principal para definir un debate propio del proceso penal”, argumentó la Corte.
Hay que recordar que la Fiscalía General de la Nación investiga a Carlos Ramón González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado activos por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
El pasado 1 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá, en fallo de segunda instancia, confirmó la detención preventiva por los mismos delitos imputados, después de que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, lo señalara como uno de los cerebros detrás de esa casa.
El exdirector del Dapre y del DNI durante el gobierno del presidente Gustavo Petro seguirá con la orden de captura internacional vigente, mientras continúa prófugo de la justicia colombiana tras buscar asilo en Nicaragua.