En enero de este año, el actual Gobierno emitió un decreto para derogar una prima que recibían los congresistas desde 2013, con el argumento de que era desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos y que reducirla constituía una medida de austeridad y “justicia social”. Sin embargo, a mediados de julio, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el mencionado decreto.
Aunque la alta corte todavía no se ha pronunciado de fondo, la suspensión se sustenta principalmente en dos razones. La primera es que la eliminación de la prima solo cobijaba a los congresistas que iniciaran su periodo el 20 de julio de 2026. A juicio del Consejo de Estado, esa diferencia podría vulnerar el principio de igualdad, pues legisladores con las mismas funciones y responsabilidades terminarían recibiendo remuneraciones distintas únicamente por la fecha de su posesión.
La segunda razón tiene que ver con el hecho de que la remuneración de los congresistas sirve de referencia para determinar los ingresos de magistrados, jueces, fiscales, procuradores judiciales y otros funcionarios. Por ende, si se reduce una prima, esta podría afectar las garantías de autonomía e independencia de esas instituciones. De hecho, todos los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que fueron los que decidieron la suspensión, se declararon impedidos porque la medida podría repercutir en sus propios ingresos.
La prima, que actualmente representa unos 18 millones de pesos, fue creada para reemplazar antiguas primas de salud, localización y vivienda y se reajusta cada año en el mismo porcentaje que la asignación básica de los congresistas.
Así las cosas, la remuneración bruta de los parlamentarios se mantendrá en 55 millones de pesos y no en 37 millones como habría quedado si el decreto siguiera vigente.
El abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, autor de una de las demandas que motivó la suspensión por parte del Consejo de Estado, calificó la decisión como “una conquista más frente a los derechos laborales de los empleados del Estado colombiano”.
Por el contrario, partidarios del gobierno Petro, como el exdirector del DPS Gustavo Bolívar, lamentaron la suspensión. A través de su cuenta de X, el exsenador calificó la medida como una “desgracia infinita” y sostuvo que los que hicieron esto son unos “sinvergüenzas”.
“Por eso es que este país tiene tanta desigualdad. ¿Cómo podemos equiparar a un congresista que se gana 54 millones de pesos con lo que gana un trabajador?”, comentó.
Así las cosas, los 290 congresistas de la legislatura que empieza este 20 de julio de 2026 —103 en el Senado y 187 en la Cámara de Representantes— podrán mantener una remuneración que supera con creces el salario promedio de los colombianos, que este año se estima un poco por encima del mínimo, es decir, en unos 2.158.174 pesos.