El presidente electo el 21 de junio recibirá una economía del narcotráfico más grande, más rentable y más poderosa que la que encontró el Gobierno de Gustavo Petro en agosto de 2022. Los principales indicadores de producción y tráfico de cocaína muestran un deterioro sostenido durante los últimos años y plantean un desafío enorme para quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.
Colombia registra hoy niveles récord de cultivos de coca y de producción potencial de cocaína. Según Naciones Unidas, el área sembrada con coca alcanzó las 262.000 hectáreas en 2024, mientras que la producción potencial de cocaína llegó a 3.001 toneladas, los niveles más altos de la historia reciente. Colombia produce hoy entre el 70 y el 80 por ciento de la cocaína consumida en el mundo.
El narcotráfico de hoy supera en escala al de la época de Pablo Escobar y los grandes carteles. A finales de los años ochenta, los cultivos de coca de los tres países productores eran cerca de la mitad del área sembrada hoy, y la distancia en producción de cocaína es aún mayor que la distancia en cultivos. Una hectárea sembrada con coca en esa época producía menos de 3 kilogramos de cocaína por año, frente a los más de 10 kilogramos que logra producir una hectárea hoy. La región pasó de producir 730 toneladas anuales a finales de los ochenta, a más de 3.700 toneladas de cocaína en 2023. Esto es cinco veces más que durante los años de Pablo Escobar y el cartel de Medellín.
La economía del narcotráfico volvió a convertirse en un actor central de la economía colombiana. Nuestras estimaciones recientes sugieren que los ingresos que recibieron los grupos criminales organizados de la producción y tráfico de cocaína en 2024 fueron de 16.500 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 4,4 por ciento del PIB nacional. Esta cifra supera ligeramente los ingresos en ese mismo año por producción de petróleo en el país (15.000 millones de dólares) y ampliamente los ingresos por producción y ventas de carbón (7.100 millones), exportaciones legales de oro (4.100 millones), producción y exportación ilegal de oro (3.600 millones), café (3.400 millones) y flores (2.400 millones).
El deterioro de los indicadores de producción y tráfico de cocaína coincide con un colapso de los esfuerzos de reducción de oferta durante los últimos cuatro años. La erradicación manual cayó drásticamente durante la administración de Gustavo Petro. Mientras que en 2020 se erradicaron más de 130.000 hectáreas de hoja de coca y en 2021 se erradicaron más de 103.000, en 2024 esta cifra apenas llegó a las 9.000 hectáreas (una disminución del 91 por ciento en los esfuerzos de erradicación). Esta reducción ocurrió sin que existiera una estrategia alternativa capaz de contener la expansión de los cultivos.
Al tiempo, los programas de sustitución tampoco registraron resultados sostenibles a gran escala. Aunque algunos proyectos locales mostraron avances, los problemas de diseño, financiación e implementación impidieron que se consolidaran como una solución efectiva para transformar las economías cocaleras. En ninguno de los años de la administración Petro, la ejecución presupuestal de los programas de sustitución pasó del 15 por ciento del presupuesto asignado.
Existe, sin embargo, un dato menos conocido y quizás más preocupante. El saliente presidente suele destacar que las incautaciones de cocaína se encuentran en máximos históricos. Y es cierto. Nunca antes se habían decomisado tantas toneladas de cocaína como en los últimos años. Pero esta cifra, por sí sola, resulta engañosa. Lo relevante no es cuánta cocaína se incauta, sino qué proporción de la producción total logra interceptarse. Cuando se compara la cocaína decomisada con la producción potencial, la tendencia es preocupante: la tasa de incautación ha disminuido significativamente, de 47,8 por ciento en 2021 a 29,6 por ciento en 2024. En otras palabras, la producción está creciendo más rápido que la capacidad del Estado para interceptarla. El resultado es que una proporción cada vez mayor de la cocaína producida en Colombia logra llegar a los mercados internacionales.
Las consecuencias de esta expansión van más allá del negocio de las drogas. El crecimiento de la economía de la cocaína fortalece financieramente a organizaciones criminales y grupos armados ilegales, facilita el reclutamiento de nuevos integrantes, amplía su control territorial y profundiza fenómenos de gobernanza criminal en numerosas regiones del país. El narcotráfico sigue siendo, de lejos, la principal fuente de financiación de muchas de las estructuras armadas ilegales que hoy desafían al Estado colombiano.
Este deterioro ocurre además en un contexto internacional menos favorable. La relación con Estados Unidos en materia antidrogas atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas. La descertificación parcial de Colombia durante la administración Trump constituye una señal inequívoca de insatisfacción frente a los resultados recientes. El próximo presidente deberá enfrentar simultáneamente el reto interno del crecimiento del narcotráfico y la presión externa por mostrar resultados concretos.
¿Qué debe hacer el próximo Gobierno?
La primera prioridad debe ser abandonar los falsos dilemas. La discusión no puede reducirse a escoger entre erradicación forzada o sustitución voluntaria. La evidencia acumulada durante las últimas décadas muestra que ninguna herramienta, por sí sola, resolverá el problema.
Segundo, Colombia debe concentrar los esfuerzos de reducción de oferta en los eslabones más rentables de la cadena productiva. Las políticas que han probado ser más costo-efectivas son aquellas dirigidas contra laboratorios de procesamiento, grandes cargamentos de cocaína, redes de lavado de activos y estructuras financieras del narcotráfico. Allí es donde se genera la mayor parte del valor agregado y donde las organizaciones criminales son más vulnerables.
Tercero, el nuevo Gobierno deberá replantear las estrategias de seguridad: abandonar los operativos indiscriminados y pasar a enfoques de inteligencia y disuasión focalizada. Perseguir a los eslabones superiores (líderes de los carteles y rangos altos de los grupos criminales organizados vinculados al narcotráfico) y reducir la capacidad violenta de las organizaciones, evitando incentivos perversos como la fragmentación de los grupos producto de las capturas y vacíos de poder que estas generan.
Cuarto, es indispensable fortalecer las capacidades de inteligencia financiera del Estado. Seguir el dinero es tan importante como perseguir la droga. El combate efectivo contra el lavado de activos debe ser una prioridad nacional. Es indispensable que el próximo Gobierno fortalezca técnicamente la Uiaf, y que esta entidad se actualice y utilice técnicas modernas de ciencia de datos para encontrar patrones atípicos en transacciones financieras. Los resultados de este fortalecimiento deben materializarse en reportes concretos de operaciones sospechosas (ROS) que le permitan a la Fiscalía abrir procesos de investigación contra las finanzas de los grupos criminales organizados.
Quinto, el país necesita retomar una agenda seria de transformación territorial en las regiones cocaleras. Esto implica inversiones sostenidas en infraestructura, conectividad, electrificación rural, formalización de tierras y generación de oportunidades económicas legales. Más hechos concretos de inversión en infraestructura y menos discursos grandilocuentes que poco o nada lograron durante la administración de Gustavo Petro. La reducción sostenible de los cultivos solo será posible si las economías legales se vuelven competitivas frente a la coca.
Finalmente, Colombia debe reconstruir una relación de cooperación pragmática con Estados Unidos y otros socios internacionales. La discusión sobre las limitaciones del régimen internacional de drogas es legítima y necesaria, pero no puede reemplazar la obligación de producir resultados concretos frente a la expansión del narcotráfico.
El próximo presidente heredará una economía criminal más poderosa que la de hace cuatro años. La magnitud del desafío exige menos consignas ideológicas y más pragmatismo. Las cifras muestran que el problema es hoy más grande. La pregunta es si el país está dispuesto a enfrentarlo con la seriedad y el método que este reto exige.
