Defensor del pueblo mostró su apoyo al PND: “Enfoque de derechos humanos genera gran expectativa sobre su materialización”

El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, mostró su apoyo al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 propuesto por el gobierno Petro, al considerar que fue formulado desde un enfoque de derechos humanos.

“Reconocemos que el documento denominado ‘Bases del Plan Nacional de Desarrollo: Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, fue formulado desde un enfoque de derechos humanos y, eso, a la Defensoría del Pueblo le genera una gran expectativa para que, en realidad, haya una materialización de los derechos de la población más vulnerable del país”, dijo el defensor Camargo.

Durante las discusiones del PND en el Congreso de la República, el defensor resaltó la apuesta al crecimiento de las regiones a través de la creación de Modelos de Desarrollo Supramunicipales, y la reestructuración del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación.

“Pueden surgir problemas en la implementación de la política relacionados con el nivel de ingreso actual de las regiones, las posibilidades de las regiones más rezagadas para ser más competitivas, aumentar su productividad y diversificarse en el largo plazo. Es importante no dejar ninguna región atrás e impedir que se rezaguen”, aseguró.

De otro lado, en cuanto a las medidas de prevención y protección de las mujeres, aunque en la sección uno del título VII se resalta a “las mujeres como potencia del cambio”, la Defensoría del Pueblo sugirió que se desarrollen acciones concretas en materia de prevención y protección de las violencias que enfrentan las mujeres en su diversidad y tener en cuenta los diferentes roles que desempeñan.

Además, la Defensoría del Pueblo puso en alerta en que no hay una política pública en materia de trata de personas. “Es necesario que se implementen acciones intersectoriales, implementando enfoques como el de derechos humanos, el de género, el territorial y el migratorio, entre otros”. Por eso, sugirió incluir la definición e implementación de la evaluación de una Política Pública Integral de Lucha contra la Trata de Personas, “la cual tenga como base los ejes y enfoques establecidos en el Decreto 1818 de 2020, por medio del cual se adoptó la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 2020-2024″.

En otro de los temas, el defensor del pueblo enfatizó en la necesidad de que se haga claridad en la destinación de recursos, la condición de disponibilidades presupuestales, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto en programas como el sistema de transferencias y la creación del programa de renta ciudadana y de ‘hambre cero’, que tienen como objetivo la erradicación de la pobreza extrema. “El riesgo se materializa en la destinación de recursos para programas que podrían no ser efectivos”.

Asimismo, la Defensoría acompañó la iniciativa de consagrar el derecho a la alimentación explícitamente como un derecho humano y también resalta la importancia de una educación de calidad para reducir la desigualdad y el reconocimiento de la educación superior como un derecho fundamental progresivo para la realización humana.

Además, dijo Camargo, es urgente que haya un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, durante todo el año escolar, incluidos los periodos de receso académico, con modelos de operación diferencial, pertinencia territorial y enfoque étnico. Sin embargo, la Defensoría ve con preocupación que no se enuncia la ampliación de las fuentes de financiación que permita establecer su sostenibilidad y avances en la cobertura.

“Teniendo en cuenta la extensión de las acciones planteadas en el PND, sobre todo por el contenido de las ‘Bases’, es importante contemplar riesgos asociados a la sostenibilidad financiera de este plan. La producción de políticas públicas para alcanzar los diferentes propósitos del plan debe suponer la existencia de recursos suficientes para su ejecución”, concluyó Camargo Assis.