“Estoy enterado de los negocios de su marido”. Sin lugar a dudas, esta fue una de las frases más fuertes en el llamado de atención que le hizo el pasado domingo el presidente Abelardo De La Espriella a la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz.
El primer mandatario aseguró que no permitiría que se repitiera la historia en el archipiélago, donde los recursos enviados se reparten entre las mismas familias y nunca alcanzan a cubrir las necesidades de la población.
“Estoy enterado de Coralina, de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son dineros que nadie va a tocar. No crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”, enfatizó el primer mandatario.
Tenso momento entre Abelardo De La Espriella, la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz: “Estoy enterado de los negocios de su marido y no lo voy a permitir”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/H8pi1wdX7t
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 18, 2026
SEMANA conoció que en contra de la dirigente política sanandresana reposa una denuncia ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias en servidor público.
Los hechos hacen referencia a unas publicaciones hechas por la congresista a finales de 2025 y en la que se celebraba la entrega de viviendas a comunidades raizales.
“El 23 de agosto de 2026 se efectuó la entrega pública de los primeros 115 certificados del programa. La cuenta oficial de la Gobernación anunció el resultado y transmitió el acto por Facebook”, cita la denuncia, conocida en su totalidad por SEMANA.
En sus redes sociales, la congresista publicó la entrega de las 115 primeras viviendas vinculando el éxito de la gestión “por un trabajo en equipo y gestiones articuladas”.
En la transmisión que se hizo en Facebook se mencionó varias veces el apellido Pomare.
Casual y coincidentemente, cita la acción judicial, el esposo de la congresista se llama Norbert Vonblón Pomare.
“Al 7 de septiembre de 2026 no se habría encontrado información pública suficiente sobre metodología, puntajes, desempates, listado de seleccionados, actas y soportes presupuestales del programa. Se pide verificar su disponibilidad y obtener el expediente completo, a fin de contrastar las gestiones aludidas por la representante con las reglas y decisiones efectivamente aplicadas”, cuestiona el denunciante.
Debido a esto, se indica que se habría presentado una “utilización indebida de influencias” por parte de la congresista “directamente o mediante gestiones de terceros vinculados con ella, para procurar un trato preferente a hogares determinados. Se solicita establecer si existieron recomendaciones de nombres, solicitudes o intermediaciones suyas ante los responsables de la selección, así como su fecha, destinatario o finalidad”.
Para establecer si existieron irregularidades, se le pide a la Corte Suprema verificar si el esposo de la congresista “realizó gestiones por solicitud, encargo o en coordinación con ella en relación con el programa Wi Home Wi Roots. Igualmente, se solicita su eventual participación como financiador de la campaña de la representante”.