La advertencia está en un habeas corpus que busca ordenar al Inpec el traslado inmediato de dos personas procesadas en el escándalo de Fondo Mixto Sierra Nevada y a quienes un juez les concedió la detención domiciliaria, pero pasada una semana siguen privados de la libertad en la cárcel La Picota y el Buen Pastor de Bogotá.
La polémica está en las respuestas off the record que funcionarios del Inpec han entregado para explicar por qué se “embotellaron” en los traslados de privados de la libertad que lograron cambiar su situación judicial de una cárcel a una detención domiciliaria.
“Hay un protocolo, un trámite anterior que incluye la reseña y el Inpec tiene que trasladar a esas personas a su lugar de residencia, en la dirección que dejaron como espacio de reclusión”; el asunto está en cumplir ese mismo trámite, llevarlos a la casa. “No hay carros ni funcionarios para cumplir ese proceso”.
Erika Andrea Cotes y Jesús María Hernández fueron capturados y procesados en el marco del escándalo que adelantó la Fiscalía como parte de la investigación por los hechos de corrupción en el llamado Fondo Mixto de la Sierra Nevada y hace más de una semana están privados de la libertad a pesar de una orden para enviarlos a la casa por cárcel.
Ese justamente fue el argumento de una solicitud de habeas corpus que elevaron los abogados para insistir en que las dos personas a quienes un juez les concedió la detención domiciliaria no pueden seguir privadas de la libertad en la cárcel bajo el pretexto de que no hay carros ni funcionarios para su traslado.
“Ha visto interrumpido el seguimiento regular de sus condiciones médicas y la asistencia a las citas y controles que venía requiriendo, circunstancia especialmente relevante atendiendo a que presenta diversas enfermedades y condiciones de salud que demandan seguimiento médico”, señaló la defensa de los procesados.
El asunto más grave es que son muchos los privados de la libertad que, a pesar de conseguir la sustitución de una medida de aseguramiento de cárcel por detención domiciliaria, siguen en la fila, esperando el traslado a que tienen derecho, pero que no se cumple por incapacidad física y técnica en el Inpec.
“Contra dicha decisión ninguno de los sujetos procesales interpuso recurso, razón por la cual la determinación adoptada por el Juzgado 32 Penal Municipal con Función de Control de Garantías quedó en firme”, advierte el habeas corpus presentado por los abogados de los dos procesados.
Los afectados esperan que el Inpec entienda la importancia de cumplir las órdenes de los jueces y, de no poder hacerlo, solucionar los problemas que podrían incurrir en una grave omisión que atenta contra la libertad de los procesados o los derechos que fueron adquiridos.