En el Guaviare no solo se libra una guerra entre disidencias: también se estaría ejecutando una operación silenciosa, oscura y altamente delicada, en la que información reservada de la fuerza pública habría terminado en manos de la estructura armada de alias Calarcá para golpear a sangre y fuego a las disidencias de alias Iván Mordisco.
SEMANA conoció que esa hipótesis ya circula en altos niveles de inteligencia militar y que la masacre de 26 personas en El Retorno sería la prueba más brutal de un plan que, de confirmarse, evidenciaría una peligrosa convergencia entre sectores del Estado y un grupo armado ilegal para arreciar una guerra interna en el sur del país.
En el territorio, la violencia dejó de ser una disputa clandestina para convertirse en un mensaje de poder. Las explosiones, las ráfagas de fusil y los retenes ilegales forman parte del paisaje cotidiano de un departamento donde el control real lo ejercen las disidencias, mientras la fuerza pública aparece tarde, sin capacidad de reacción y, según múltiples fuentes, con profundas grietas internas.
Las comunidades viven bajo un régimen de miedo absoluto. Los líderes sociales callan, los campesinos obedecen y cualquier movimiento debe ser autorizado por hombres armados. “Aquí nadie habla porque hablar cuesta la vida”, coinciden habitantes de varios municipios, quienes aseguran que el silencio es la única garantía de supervivencia.
En los retenes improvisados de las disidencias se decide quién pasa, quién es interrogado y quién es retenido contra su voluntad. La población está atrapada entre dos estructuras armadas que se disputan el territorio: la de Calarcá y la de Iván Mordisco. Sin embargo, en esa disputa habría un tercer actor en la sombra.
Aunque el Ejército Nacional ha anunciado despliegues y operaciones militares en el Guaviare, en el terreno la percepción es otra. “Aquí el Ejército no manda. Aquí mandan ellos”, repiten los habitantes. Esa sensación se agravó tras la masacre registrada en zona rural de El Retorno, donde fueron hallados los cuerpos de 26 personas.
“No es necesario que usted venga hasta acá para entender lo que pasa. Con lo de El Retorno queda claro que el Ejército no tiene control de nada”, aseguró a SEMANA una residente de Calamar que lleva más de tres décadas viviendo en medio del conflicto.
Las víctimas, según confirmaron Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, no murieron en enfrentamientos. Fueron ejecutadas. De los 26 cuerpos, 21 correspondían a hombres, cinco a mujeres y cuatro eran menores de edad (un masculino y tres femeninos). Todos presentaban impactos de arma de fuego, varios de ellos con tiros de gracia.
Tras esta guerra a sangre y fuego entre estos dos grupos armados ilegales, el Ejército Nacional se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde precisó que adelantaba operaciones militares en este territorio.
“Avanzan las acciones coordinadas para restablecer las condiciones de seguridad en El Retorno, Guaviare. A través de un permanente seguimiento realizado por el comandante de @Ejercito_Div4, mayor general Ricardo Roque Salcedo, junto con autoridades locales y departamentales, se han articulado esfuerzos para fortalecer la seguridad en la región y evitar que nuevos enfrentamientos entre grupos armados ilegales amenacen la integridad de las comunidades”, indicaron.
Las autoridades establecieron que las personas asesinadas pertenecerían a la estructura armada de Iván Mordisco y que fueron atacadas por hombres de Calarcá, en medio de la guerra por el control del narcotráfico, las rutas ilegales y el cobro de extorsiones.
Pero lo que más inquieta a los organismos de inteligencia es cómo el grupo de Calarcá logró ubicar con precisión a los 26 disidentes. Fuentes militares consultadas por SEMANA señalaron que no se descarta que información sensible haya salido desde dentro de la fuerza pública hacia esa estructura armada ilegal.
“No se puede descartar que haya filtraciones. Son informaciones que se manejan con extremo cuidado porque implican a la institución”, advirtió una fuente de inteligencia. Según esa versión, datos sobre movimientos, ubicaciones y desplazamientos habrían sido entregados para facilitar el ataque.
“Esto no es nuevo. Ha pasado en Arauca, en Cauca y en otras regiones. Algunos integrantes de la tropa terminan vendiéndose a los ilegales y ahí es donde se presentan estas masacres”, dijo un oficial de alto rango a esta revista.
La hipótesis que hoy se analiza es aún más grave: que sectores del Estado habrían permitido, por acción u omisión, que la estructura de Calarcá golpeara a la de Iván Mordisco como parte de una estrategia no declarada para debilitar a una de las disidencias más poderosas del país.
Mientras esa guerra se libra, las comunidades quedan en medio del fuego cruzado y sin protección real. A la falta de control se suma la precariedad operativa de las tropas. Tras la masacre, los uniformados tuvieron que desplazarse a pie, sin apoyo aéreo.
“Las Fuerzas de Despliegue Rápido fueron creadas para reaccionar rápido, pero hoy no tienen helicópteros asignados. Las horas de vuelo están restringidas. Antes había financiación internacional, pero eso se acabó”, explicó a SEMANA un oficial especializado en aviación.
Para los habitantes, la fuerza pública solo aparece cuando la tragedia ya ocurrió. “Aquí los vemos después de las masacres. De resto, uno vive solo con los ilegales”, relató una líder social.
La mujer explicó que incluso salir a trabajar implica pedir permiso. “Si uno va a la finca sin autorización, lo declaran objetivo militar. Eso significa desplazamiento o muerte”, afirmó.
La violencia en el Guaviare no es un hecho aislado. Meses atrás, un grupo de evangélicos fue asesinado por disidencias de las Farc tras ser acusados de colaborar con el ELN. Las víctimas fueron obligadas a cavar sus propias fosas antes de ser ejecutadas.
James Caicedo, Óscar García, Máryuri Hernández, Maribel Silva, Isaid Gómez, Carlos Valero, Nixon Peñaloza y Jesús Valero murieron por impactos de bala. Por estos hechos fueron capturados Miller Leonardo Garrafa, alias Pirata o el Tuerto; Jorge Eliécer Ávila, alias Yucape, y Angie Lisseth Jaramillo Arias, alias la Crespa.
“Seguimos predicando, pero con miedo. Lo que pasó con nuestros hermanos no se olvida”, dijo un líder evangélico consultado por SEMANA.
La crisis alcanzó incluso a las autoridades locales. En octubre de 2025, la casa del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, fue atacada con explosivos. Aunque el mandatario no estaba en el lugar, varios familiares sí. Una mujer resultó herida y una mascota murió.
“Uno ya no sale a mirar. Aquí nadie sabe quién es quién”, relató la víctima.
Ese día, en menos de diez minutos, fueron atacados la casa del alcalde, el puesto de Policía y la base militar. Las autoridades atribuyeron los hechos a disidencias de Iván Mordisco.
Otro líder comunitario explicó por qué nadie colabora con las autoridades. “La información se filtra. El que habla termina señalado. Aquí es mejor no ver, no oír y no decir nada”, aseguró.
En el Guaviare, mientras el Estado anuncia operaciones, en el terreno crece la sospecha de que una guerra se estaría librando con información oficial, alianzas tácitas y una población civil atrapada entre la violencia y el abandono.
A ese escenario se suma un factor que agrava aún más la crisis: la desconfianza estructural entre la población civil y la fuerza pública. Para los habitantes del Guaviare, la línea que separa a las instituciones del Estado y a los grupos armados ilegales se volvió difusa. “Uno ya no sabe quién está con quién. Aquí todos se enteran de todo muy rápido, y eso solo pasa cuando hay información que sale desde adentro”, relató un campesino de la zona rural de Calamar.
Fuentes de inteligencia señalaron que la masacre de El Retorno no solo demostró una falla operativa, sino un patrón que viene repitiéndose en distintos puntos del sur del país: golpes quirúrgicos contra estructuras específicas, con información precisa sobre ubicación, número de hombres, rutinas y tiempos de desplazamiento. “Eso no se logra solo con inteligencia criminal. Eso requiere datos que, en muchos casos, únicamente maneja el Estado”, explicó un analista militar consultado por SEMANA.
En ese contexto, la estructura de Calarcá aparece como la principal beneficiada. Mientras las disidencias de Iván Mordisco han sido golpeadas con una violencia inusitada, el grupo rival ha logrado expandirse territorialmente, consolidar rutas y fortalecer su control armado sin enfrentar una presión sostenida de la fuerza pública. Para varios observadores, esa asimetría alimenta la sospecha de un tratamiento diferencial.
