Dos funcionarios de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional serán investigados disciplinariamente por posible favorecimiento de contratos que habrían afectado procesos contractuales que se estaban desarrollando en esa entidad, encargada de atender y tratar al personal militar y a sus familias.
Se trata del mayor Andrés Arias Cruz y el técnico de servicios, Juan Pablo Alvarado Perilla, quienes serán investigados por las irregularidades que, al parecer, se dieron en el manejo de la contratación que venía adelantando dicha dirección en el año 2024.
Los primeros indicios de la investigación permitieron identificar, al parecer, la aparición de varias anomalías en la estructuración de varios procesos de contratación que habrían terminado favoreciendo los estudios previos hasta su liquidación. Ese habría sido el agravante de la actuación de los dos funcionarios.
Por eso, la Procuraduría General de la Nación requirió: “A la DISAN toda la documentación de los cuestionados negocios jurídicos, desde los estudios previos hasta su liquidación”.
La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría también ordenó una serie de pruebas que permitirán obtener un dictamen pericial para verificar si los contratos en cuestión, guardan relación con el objeto contractual y, además, establecer si se presentaron requisitos habilitantes restrictivos.
Este no es el primer escándalo de presunta corrupción que recae sobre Sanidad militar, pues hace unos años salieron por lo menos 40 soldados amputados a denunciar obstáculos en esa entidad por supuestos retrasos para ser atendidos e indemnizados.
De hecho, en 2022, SEMANA destapó una especie de ‘cartel’ que habría estado operando detrás de las millonarias indemnizaciones para militares que terminaron muertos o incapacidad, por las graves consecuencias que les deja estar en un campo de batalla.
El Ejército Nacional frustró un ataque terrorista en Barbacoas, Nariño. Los responsables serían del grupo Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XG13dd8VmQ
— Revista Semana (@RevistaSemana) April 13, 2026
Uno de esos casos fue el de un soldado que resultó gravemente herido por un ataque terrorista con explosivos por parte de las extintas Farc en Caquetá. El uniformado sufrió fracturas en su cráneo, perdió la vista de un ojo y terminó cuatro años esperando a que el Ejército determinara en junta médica que tuvo una incapacidad del 50 por ciento por actos de servicio.
Sin embargo, el militar sufrió un nuevo calvario después de que, en esa época, el Ministerio de Defensa se negó a pagarle la pensión a la que tenía derecho. Tuvo que acceder a un abogado para resolver esa situación y terminó debiéndole dinero al litigante por falta de recursos para pagar la defensa.
Ahora la Procuraduría trata de determinar si existe un nuevo modelo de presunta corrupción al interior de Sanidad del Ejército que, al parecer, terminó favoreciendo a dos funcionarios que son investigados disciplinariamente.