El 6 de agosto de 2026, justo un día antes de la posesión de Abelardo De La Espriella, el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro firmó los decretos de retiro de cinco oficiales en el grado de coroneles de la Policía Nacional por la causal de llamamiento a calificar servicios.
SEMANA conoció que los decretos fueron elaborados de manera individual y con fechas anteriores a la firma por el expresidente, y previo a la salida por una incapacidad médica del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Entre los coroneles se encuentran José Jair Urrego Baquero, comandante del Departamento de Policía del Chocó; Ferley Puerto Sánchez, subcomandante del Departamento de Policía de Antioquia; y Edgar Moreno Ossa, jefe de la Oficina Antidrogas de la Dirección Antinarcóticos. Hay dos nombres más que no pudo establecer este medio de comunicación.
“A los oficiales les dieron la orden de presentarse cada uno en las unidades donde laboraban para hacerles efectivo el retiro, pero estos se encontraban por fuera y hasta el día de hoy no han regresado a sus labores para que los notifiquen de esa salida”, explicó una fuente de la Dirección de la Policía Nacional.
De igual manera, detalló que, al no presentarse los oficiales en los cinco días siguientes, lo deben realizar por aviso, lo que da por entendido que fueron notificados de su retiro.
“No podemos entregarles esos decretos porque los oficiales aún no los conocen, pero es claro que cada uno de esos retiros tiene sus diferencias con el saliente Gobierno; pero todo es una puja fuerte que hay dentro de la institución”, explicó.
Uno de los retirados, el coronel Moreno Ossa, realizó una denuncia, una queja disciplinaria y una intervención preventiva de la Procuraduría General por un presunto caso de acoso laboral institucional, desviación de poder, presión administrativa y utilización irregular de mecanismos de evaluación y administración del talento humano, por parte de altos mandos de la institución.
El documento tiene 249 páginas y está acompañado de 18 anexos, a partir de los cuales el oficial solicita que el Ministerio Público investigue las actuaciones de varios oficiales, entre ellos el jefe nacional del Servicio de Policía, brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón; el director de Talento Humano, brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante; el entonces director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos; el teniente coronel Harol Alfonso Ochoa Vásquez, entre otros funcionarios que de manera eventual resulten presuntamente comprometidos.
Moreno Ossa sostiene que fue objeto de una serie de decisiones administrativas que, según afirma, constituyeron un patrón sistemático de hostigamiento, después de advertir presuntas irregularidades en el funcionamiento de un servicio policial que operaba en la finca El Pencil, ubicada en zona rural del municipio de Gachancipá, Cundinamarca.
“Las actuaciones desplegadas (…) podrían comprometer responsabilidad disciplinaria por la posible transgresión de deberes funcionales y principios rectores de la función pública”, dijo.
Al tiempo, señaló que habría existido una “utilización irregular de mecanismos de evaluación institucional (…) como instrumentos de presión funcional, afectación reputacional y debilitamiento progresivo de mi estabilidad profesional dentro de la institución”, expresó el documento conocido por este medio.
El oficial indicó que, entre los meses de junio y septiembre de 2025, trasladó varios informes oficiales en los que aseguró que la finca donde permanecía personal de Carabineros no reunía condiciones de seguridad ni de habitabilidad.