“Empresa Datasys contratada por la Registraduría carece de experiencia”: María Fernanda Cabal

Recientemente, el registrador Nacional Alexander Vega anunció que fue elegida la firma que inspeccionará los procesos adelantados para las elecciones presidenciales. Se trata de la empresa costarricense Datasys, contratada luego de que la firma alemana Dermalog declinara, argumentando poco tiempo para adelantar el proceso de auditoría, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales se realizarán el próximo domingo 29 de mayo.

Es de anotar que el objetivo del Consejo Nacional Electoral es lograr que se dé una revisión preventiva de cara a los comicios.

Luego de que la Registraduría contratara a Datasys, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que esa empresa “carece de experiencia en auditoría electoral y fue sancionada por las autoridades de Honduras” por supuestos incumplimientos.

La congresista indicó en su denuncia que un ingeniero costarricense de nombre Dennis Cascante Hernández, que actualmente funge como coordinador de la Misión del Plan de Garantías Electorales Presidenciales 2022 en Colombia, “tiene un contrato al parecer por $ 1.000 millones de pesos para su equipo de trabajo por parte de la Registraduría Nacional”.

“Sobre Cascante Hernández, se conoció que en el año 2013 fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito, por hechos relacionados con una empresa de tecnología que tenía 18 contratos con el Tribunal Electoral de Costa Rica, entidad en la cual laboraba, como consta en diversos medios de comunicación de dicho país”, señalaron desde el departamento de prensa de la senadora Cabal.

En la denuncia indican que “Cascante, para las elecciones primarias del año pasado en Honduras, trabajó como asesor de Capel (Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y estaba gestionando al interior del Consejo Nacional Electoral, CNE, de ese país, un contrato para la empresa Thomas Processing & Systems, filial de Thomas Greg and Sons (ambas colombianas), que hacen parte del Consorcio Disproel, que desde hace más de quince años se gana los millonarios negocios electorales en Colombia, ya que al parecer son los únicos que cumplen los exorbitantes requisitos que la Registraduría Nacional solicita”.

Además, afirmaron que los términos de referencia de la licitación en ese país centroamericano, supuestamente, eran copiados “de los que elección tras elección se acomodan en Colombia”.

Así mismo, se indicó en la denuncia que Thomas Greg & Sons pertenece a los hermanos Bautista Palacio, “amigos cercanos de Juan Manuel Santos”, quien fue miembro principal de su junta directiva hasta el año 2006, cuando fue designado como Ministro de la Defensa.

“De acuerdo con los contratos conocidos entre la Registraduría y Disproel (Thomas Greg & Sons) en Colombia, ellos son los encargados de proveer el kit electoral, de realizar la transmisión y procesamiento de los resultados electorales, además de ser los responsables de entregar, recoger y transportar todo el material electoral a lo largo y ancho del país. Sumado a lo anterior, el actual gerente de informática de la Registraduría Nacional, el ingeniero Alejandro Campo Valero, fue empleado de Thomas Greg And Sons y también de la cuestionada empresa española Indra”, se agregó en la denuncia de la senadora Cabal.

En tal sentido, para la congresista del Centro Democrático presuntamente es “evidente” que la relación entre Dennis Cascante y Thomas Greg & Sons “llevó a la contratación de la empresa Datasys Group para auditar el software utilizado en Colombia, sin importar que en Honduras Comunicaciones Globales/DataSys recibió una sanción por incumplimiento de contratos por más de $ 333.000 dólares”.

También se explicó en la denuncia que, tras revisar el Certificado de Cámara de Comercio, Comunicaciones Globales/DataSys tiene experiencia en asistencia técnica y asesoría en sistemas y servicios electrónicos y montaje, en seguridad privada y seguridad electrónica, comercio, agricultura, ganadería, industria, pero que no se menciona nada relacionado con auditoría electoral.

En tal sentido, la senadora Cabal pidió a las autoridades competentes investigar a fondo “este asunto que mina de legitimidad el proceso electoral en Colombia”.

“No es concebible que a solo una semana de la primera vuelta presidencial en Colombia, se contrate una auditoría que requiere de análisis a fondo de los módulos software, del estudio de los códigos fuentes, de la validación de las estructuras de datos, de la interacción entre aplicaciones y de los controles internos (solo por mencionar algunas actividades), además de las extensivas pruebas de estrés que una labor de auditoría informática de esta importancia y magnitud demandan. Muy seguramente Datasys Group ya viene con el ‘libreto escrito’ y con el informe listo para exonerar a Indra de cualquier responsabilidad y para ratificar a Thomas como amo y señor de la Registraduría Nacional”, concluyó.