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Votaciones, elecciones marzo 13 2022 Bogota Colferias Foto Juan Carlos Sierra | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Elecciones 2022

¿En Colombia hay menos votantes de los que se cree?

El Congreso citó al director del Dane, Juan Daniel Oviedo, y al registrador Alexánder Vega para indagar por las diferencias entre el censo nacional y el censo electoral.

8 de abril de 2022

En un debate de control político, la Comisión Tercera del Senado abordó la controversia que afrontan el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) y la Registraduría Nacional del Estado Civil por cuenta del censo poblacional y electoral.

Mientras que la Registraduría asegura que su base de datos es más confiables que la que maneja el Dane, este último sostiene que los datos de la Registraduría solo son para efectos de la identificación y los procesos electorales, mas no para temas demográficos.

El Dane dice que en Colombia hay 51.049.498 habitantes, según las cifras que corresponden a las proyecciones del último censo, realizado en 2018, pero la Registraduría sostiene que son 55 millones de acuerdo con datos del registro civil.

La senadora y citante del debate, María del Rosario Guerra (partido Centro Democrático) manifestó su descontento frente a las afirmaciones hechas por el registrador nacional, Alexánder Vega, quien no da credibilidad al Dane.

“El registrador debió realizar previamente un cruce técnico de la información en aras de constatar eventuales inconsistencias. De este modo se evita poner en riesgo la credibilidad de la información expedida por ambas entidades al lanzar declaraciones desafortunadas que ponen en manto de duda la rigurosidad de manejo de la información”, dijo Guerra de la Espriella.

Este es un hecho que no deja de causar preocupación, pues esta diferencia entre una y otra entidad podría indicar que en realidad habría menos ciudadanos aptos para votar, una duda que se mantiene a menos de dos meses de las elecciones presidenciales.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, afirmó que la entidad ha venido realizando mesas de trabajo con la Registraduría. “Tenemos un convenio de intercambio de información con la Registraduría y el Archivo Nacional de Identificación como fuente de contraste y enriquecimiento de la información demográfica del país”, destacó.

Finalmente, concluyó que la entidad cuenta con los insumos, la tecnología y la capacidad técnica para responderle al país y para “jamás mentirles a los colombianos como lo señaló el registrador nacional”.

El director nacional del Registro Civil, Rodrigo Pérez Monroy, manifestó que la metodología que utiliza el Dane desde el punto de vista estadístico, difiere del reporte que tiene la Registraduría en cuanto a la información de inscritos.

Por su parte, Carlos Cadavid, director nacional del Censo Electoral explicó que la diferencia en las cifras aportadas por el Dane y la Registraduría con respecto al censo electoral, obedece a que se debe constatar cada documento que reposa en el Archivo Nacional de Identificación y si no cuenta con un soporte legal, como el registro civil de defunción o el reporte de fallecimientos del Ministerio de Salud, que afecte la vigencia de la cédula de ciudadanía, no se puede excluir.

La senadora citante, María del Rosario Guerra, hizo un llamado a la Registraduría para que se depuren los documentos que no deben ser parte del censo poblacional e invitó a la entidad a que la información que se da a la ciudadanía sea más clara y permanente. Finalmente, el senador Ciro Ramírez (Centro Democrático) expresó la necesidad de que las mesas técnicas entre las dos entidades sean rápidas, fluidas y armónicas con el fin de brindar datos exactos a los colombianos.

Esta discusión se conoce justo horas después de que la Procuraduría abrió investigación en materia disciplinaria en contra del registrador Alexánder Vega por posibles faltas en la jornada electoral del pasado 13 de marzo. Pero en el el mismo auto en el que abren dicha investigación, SEMANA encontró que también se abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de ‘software’ usadas y, en general, en los procesos de inscripción de cédulas.