La Fiscalía General aplicó la extinción de dominio a bienes relacionados con los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes, en la actualidad, enfrentan un juicio en la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Name y Calle, como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, habrían recibido 4.000 millones de pesos en sobornos para beneficiar el trámite del estudio de las reformas en las cuales el gobierno de Gustavo Petro tenía un especial interés.
Los excongresistas fueron acusados por su presunta participación en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.
La medida también cobija bienes relacionados con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla; el exasesor jurídico, Pedro Rodríguez Melo; y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
López, Pinilla, Rodríguez y López Rosero ya aceptaron su participación en la celebración irregular del millonario contrato para la compra de 40 carrotanques que tenían como objetivo llevar agua potable al departamento de La Guajira. Sin embargo, los vehículos presentaban sobrecostos y fallas técnicas que llevaron a que nunca fueran utilizados.
En la medida emitida por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio se advierte que hace parte de la línea de investigación para identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados en el direccionamiento de la contratación en la entidad y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, luego de realizar diferentes actos de investigación, encontró méritos para imponer medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis de los señalados implicados en los actos ilícitos detectados”, señaló la decisión.
En total son 19 inmuebles y seis sociedades ubicados o registrados en Bogotá; Medellín (Antioquia); Montería (Córdoba); Pasto y Chachagüí (Nariño); Sopó y Tabio (Cundinamarca); Cúcuta (Norte de Santander); Villavicencio (Meta) y Sabana de Torres (Santander).
Las propiedades están avaluadas preliminarmente en cerca de 20.000 millones de pesos.
Cuatro de los activos afectados, ubicados en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca), estarían vinculados al exsenador Name Vásquez. Respecto a uno, la medida cautelar recae exclusivamente sobre el 33 % de la propiedad que le correspondería.
Otros cuatro inmuebles en Montería (Córdoba) harían parte del patrimonio del exrepresentante Calle Aguas; uno más en Medellín pertenecería a Olmedo López, otro en Sabana de Torres estaría a nombre de Sneyder Pinilla y un predio en Tabio sería del exasesor Rodríguez Melo. Entretanto, siete bienes localizados en Pasto y Chachagüí (Nariño), y en Cúcuta (Norte de Santander) tendrían relación con el contratista López Rosero.
Asimismo, hay sociedades que habrían sido utilizadas para las diferentes maniobras que les permitieron quedarse con la contratación en la UNGRD y darles tránsito a los dineros recibidos.