Formulan cargos contra exgobernador de Putumayo por posibles irregularidades en contrato que supera los $ 7 mil millones

Por presuntas irregularidades en la construcción del parque principal de Mocoa, Putumayo, por más de $ 7 mil millones, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano (2012-2015) y el entonces secretario de Planeación, Ronald Hernando Latorre Otaya (2014-2015).

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, al parecer, el exgobernador habría celebrado el contrato de obra para el Parque General Santander con unos estudios previos incompletos e insuficientes que habrían sido elaborados y avalados por el entonces secretario de Planeación.

“Las pruebas recaudadas muestran que el negocio bilateral se tramitó y celebró sin que previamente se hubiese expedido por parte de la Alcaldía de Mocoa la respectiva licencia de construcción, lo que impidió su ejecución y la afectación de los recursos públicos, pues debió devolverse al contratista $ 581.767.520 por los gastos en que incurrió para la legalización del contrato”, asegura el organismo de control.

En consecuencia, la obra, que contaba con un presupuesto oficial de $ 7.838.957.914 y un plazo de ejecución estimado en 10 meses, no habría podido ser ejecutada.

La falta del exgobernador y su secretario de Planeación fue calificada, provisionalmente, como gravísima a título culpa por parte de la Procuraduría General.

Formulan cargos contra alcalde y exalcalde de Piedras, Tolima

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos el pasado 6 de febrero contra el alcalde de Piedras, Tolima, Julio César Góngora Sánchez (2020-2023), y el exalcalde (2016-2019), Pedro Antonio Bocanegra Zabala, por presuntamente incumplir los requerimientos de Cortolima y de otras autoridades ambientales del departamento.

Para el Ministerio Público, al parecer, “ni el actual mandatario ni su antecesor habrían cumplido los compromisos adquiridos con las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ni tampoco se ha tramitado la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) que perdió vigencia desde el 2018, permitiendo que se realicen vertimientos de aguas residuales a fuentes hídricas, sin la debida autorización, y con presunta afectación al medio ambiente”.

“Resulta injustificada la supuesta falta de atención de la administración municipal, en cabeza de los disciplinables, quienes habrían omitido desplegar acciones tendientes a superar las dificultades surgidas por el vertimiento de las aguas, situación que inició desde el periodo 2016-2019 con Bocanegra Zabala, y hasta el día de hoy no se ha superado”, señaló la Procuraduría frente al caso.

Por tal motivo, el órgano de control determinó formular cargos contra Góngora Sánchez y Bocanegra Zabala, quienes, en calidad de sujetos procesales, tendrán la oportunidad de presentar su versión de lo ocurrido, así como de solicitar o apartar pruebas que ellos o sus apoderados consideren pertinentes para su defensa.

“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó provisionalmente las faltas de los implicados como graves a título de culpa gravísima”, señaló la entidad en un comunicado.

Una vez surtida la etapa de instrucción, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué recibirá el expediente a reparto para dar continuidad con el trámite procesal que le compete.

Pliego de cargos contra exservidores de la ANH

Todo parece indicar que exfuncionarios habrían firmado varios contratos de prestación de servicios en los que se pagaron valores diferentes a los establecidos en la tabla de nómina de la entidad. Por eso, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la entonces vicepresidenta administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ingrid Yaneth Mejía Chaparro (2017-2018), por posibles irregularidades en el pago de varios contratos de prestación de servicios.

De igual forma, la decisión también cobijó a los entonces vicepresidentes técnicos de la ANH Carlos José Rodríguez Taborda (2018-2020) y Omar Alonso Mejía Tette (2017-2018). También para el vicepresidente de Operaciones Regalías y Participaciones de la época de la Vicepresidencia, Arnoldo Morales Delgado (2017-2018).

Los cuatro exservidores de la ANH, al parecer, habrían firmado varios contratos de prestación de servicios en los que se pagaron valores diferentes a los establecidos en la tabla de nómina de la entidad.

“A juicio de la Procuraduría, estos contratos se habrían pactado de manera discrecional desatendiendo (…) la tabla salarial debidamente definida por la entidad que le establecía los valores, por lo que estos no podían ser determinados de manera caprichosa”, indicó el organismo de control.

En total, se habrían celebrado 38 contratos, en 21 de los cuales se habrían pactado montos superiores a los fijados en la Tabla de Perfiles y Honorarios de los bilaterales de prestación de servicios profesionales, “en detrimento del patrimonio estatal”, y otros 17 estarían por debajo de lo estipulado en el señalado documento, “afectando al contratista”.