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Frenan decreto del gobierno Petro que obligaba a aseguradoras a asumir sobrecostos de pensiones

El mercado asegurador y financiero había advertido que esa norma alteraba las reglas de las rentas vitalicias y traslada nuevas cargas económicas.

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18 de noviembre de 2026 a las 10:40 a. m.
La decisión golpeó el legado regulatorio del gobierno Petro en materia pensional.
La decisión golpeó el legado regulatorio del gobierno Petro en materia pensional. Foto: Montaje El País

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que expidió el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro en 2025 para modificar el mecanismo financiero que cubría el costo adicional de las pensiones de salario mínimo cuando el incremento anual decretado por el Ejecutivo superaba la inflación.

La decisión del alto tribunal argumento que el anterior gobierno habría expedido dicha norma sin analizar su impacto real en la libre competencia ni consultar a la Superintendencia de Industria y Comercio.

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El nuevo revés jurídico que golpeó el legado regulatorio del expresidente Petro se dio como una medida cautelar, después de que el mercado asegurador y financiero alertó que esa iniciativa afectaba las rentas vitalicias y trasladaba nuevas cargas económicas al sector.

Ese debate jurídico inició a partir de los aumentos del salario que empezó a decretar el gobierno por encima del índice de inflación, lo que produjo un desface financiero que deben asumir las aseguradoras pagando mesadas sin que sus reservas hayan contemplado ese incremento en la paga mensual.

Ese sobrecosto podría afectar el aseguramiento de pensiones mínimas, pero para evitar esa situación desde 2015 se puso en marcha un decreto que fijaba reglas para esa cobertura. Sin embargo, en 2025, el gobierno Petro cambió ese esquema con el nuevo decreto.

Los demandantes contra ese acto administrativo le advirtieron al Consejo de Estado que ese cambio podría generar costos adicionales a las compañías aseguradoras y hasta un aparente vicio de trámite en su expedición: no tuvo análisis de competencia económica.

El auto del tribunal le dio la razón a los demandantes al confirmar que la anterior administración tenía el deber legar de analizar si esa medida afectaba la libre competencia entre aseguradoras y hasta solicitar un concepto de la Superintendencia en esta materia.

Por omitir ese filtro técnico, el Consejo de Estado concluyó que no hallaron “elemento de juicio alguno que evidencie la realización de estudios, análisis o valoraciones dirigidos a establecer los posibles efectos de la regulación demandada sobre las condiciones de competencia en los mercados potencialmente involucrados”.

Mientras se conoce una sentencia definitiva del Consejo de Estado en este proceso, se reactiva el decreto de 2015 que estableció reglas de juego para cubrir lo que se conoce como “deslizamiento del salario mínimo”. Es importante destacar que esta decisión no afecta el pago mensual de pensiones porque sigue operando bajo el esquema anterior.