Todo un debate jurídico y político se ha desatado detrás de la iniciativa que promueve la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno De La Espriella para eliminar los beneficios tributarios a funcionarios de la Rama Judicial como magistrados, jueces, fiscales y procuradores.
La idea incluida en el proyecto de ley propone retirar del Estatuto Tributarios los numerales que dan tratamientos especiales a esos funcionarios. En caso de que esa propuesta llegue a tener luz verde, desparecería la exención sobre gastos de representación al 50% del salario para magistrados, fiscales y procuradores. El beneficio para los jueces corresponde al 25%.
Esos porcentajes para los funcionarios de la Rama Judicial también se ven reflejados en las exenciones del impuesto de renta, lo que permite que se reduzca la base gravable que aplican para la mayoría de trabajadores colombianos.
Esa situación provocó un enorme debate sobre el impacto que podría generar esa propuesta en la Ley de Rescate Fiscal, el costo que podría tener para el bolsillo de los funcionarios judiciales y hasta sacó a relucir las cargas laborales y las responsabilidades detrás de esos cargos.
Felipe Alzate, abogado penalista, explicó cómo se vería reflejada esa iniciativa: “Un juez que en la actualidad gane $20 millones mensuales pasaría de pagar cerca de $14,9 millones a $31,4 de renta al año. Es decir un incremento de $16,5 millones. Un magistrado que recibe $30 millones mensuales pasaría de pagar $12,9 millones a $66. Más de $53 millones adicionales al año. Un exabrupto tributario”.
Ese análisis provocó la reacción del economista Martín Jaramillo, quien calificó de “descarado” que los funcionarios judiciales tengan ese tipo de beneficios tributarios, pese a que la mayoría de los colombianos deben cumplir en su totalidad con el impuesto sobre la renta.
“A este señor le parece “indigno” que un juez de sueldo multimillonario (del top 0,01% más rico de Colombia) pague la misma tasa de impuesto que un científico, un cirujano, un artista y que el resto de colombianos", manifestó Jaramillo.
Sin embargo, en la discusión también apareció la abogada penalista Helena Luna Hernández para justificar los beneficios tributarios de magistrados, jueces fiscales y procuradores por la sobrecarga laboral que viven muchos despachos en Colombia.
Hernández manifestó que “si el ingreso mensual fuera proporcional a la carga laboral y la responsabilidad que implica esos cargos: les cuento que el salario debería ser el triple del actual. Así que no, ningún privilegio. Los jueces y las juezas han sostenido este país cuando todo lo demás falla”.
Una reacción que se dio después de que juezas y jueces penales municipales con función de conocimiento de Bogotá, advirtieran a través de un comunicado el aumento sostenido en la radicación de tutelas, la falta de personal en las plantas y la sobrecarga de trabajo en los despachos judiciales.
