Ocho años han pasado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha hecho caso omiso a las peticiones presentadas por la defensa del ganadero Jairo Gómez, quien fue víctima de un secuestro extorsivo en el año 2009. Sus victimarios lo amarraron a un árbol para torturarlo mientras le exigían a su familia 5 millones de dólares por su liberación.
Tras 89 días de calvario, el ganadero fue liberado en un operativo adelantado por el Gaula de la Policía.
Desde el minuto uno de su secuestro, Gómez supo que los secuestradores no pertenecían a ningún grupo subversivo o criminal, sino que, por su armamento, ropa y comportamiento hacían parte de la delincuencia común.
Esto fue confirmado en las investigaciones que se adelantaron tras su secuestro y que llevaron a la captura de cinco personas relacionadas con la planeación y ejecución del plagio. Por estos hechos fueron condenados a penas entre 18 y 46 años de prisión.

Pese a esta evidencia, dos de los secuestradores lograron entrar a la JEP presentándose como colaboradores de la guerrilla de las Farc. Como si fuera poco, se les otorgó el beneficio de libertad condicional.
“De una manera inexplicable se fueron colando a la JEP”, señaló el abogado Carlos Emilio Miranda Castellanos, apoderado del ganadero. “(El) 16 de octubre de 2025 de la Sala de Apelaciones de Amnistía o Indulto, mediante providencia Auto TP-SA 2097 les concedió en sede apelación el beneficio de libertad condicionada a Luis Hernando Quintero Gutiérrez y Ramón Jesús Ramírez Quintero”.

Esto motivó la presentación de varias denuncias penales en contra de los abogados que habrían presentado a los delincuentes comunes como integrantes de las Farc. En las acciones judiciales se señala que los juristas incurrieron en delitos contra la fe pública y patrimonio económico.
Recientemente, se conoció una declaración del excomandante de las Farc, Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida, quien aseguró que el secuestro de Jairo Gómez Quiñones no fue ordenado por las Farc.
Con esta información y reclamos, la JEP no ha atendido las peticiones para revisar la situación. “El 11 de septiembre de 2026 presentó como víctima nuevamente un derecho de petición ante la JEP, la cual fue recibida de manera física, sin que a la fecha de presentación de acción de tutela se diera respuesta”.

Este silencio de la JEP, según el abogado, representa una clara omisión al control de los comparecientes y de las víctimas. Esto, pese a que ya existe un fallo de tutela que ordenó proteger los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia que se consideraron vulnerados por el silencio de la JEP.
“La barrera más grande que ha afrontado este empresario es la atención de la JEP en su calidad de víctima, las múltiples salas y sub salas hacen compleja la posibilidad de establecer donde está el proceso y el ejercicio de sus derechos como víctima, sino impetra la Acción de tutela la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) no impulsa el proceso, la prueba aportada por la víctima no ha sido incorporada al proceso aún”, resaltó el apoderado del ganadero.
Ahora, insisten, en que la JEP los escuche y tome medidas frente a la libertad otorgada en contra de los dos secuestradores.
