El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó dos de sus más recientes decisiones como ejemplos de lo que considera una política de inclusión que va más allá de los discursos y busca traducirse en medidas concretas para los ciudadanos.
“Menos papeles, más soluciones, menos demora, más humanidad.”
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 5, 2026
La administración del presidente Abelardo De la Espriella avanza en decisiones clave orientadas a la inclusión real y la atención oportuna de emergencias en el país
Ley 2628 de 2026 para personas con TEA: Quedó… pic.twitter.com/5VTQomJz68
El anuncio fue realizado por el vocero de la presidencia, Miller Soto, quien destacó, por un lado, la entrada en vigencia de la Ley 2628 de 2026, sancionada el pasado 26 de agosto, y, por otro, la creación de un procedimiento especial para acelerar el ingreso al país de ayuda humanitaria internacional destinada a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
En el primer caso, la nueva legislación establece medidas de atención integral para personas con trastorno del espectro autista (TEA), otros trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares.
La apuesta del Gobierno es que estas personas y sus familias puedan encontrar una ruta más clara para acceder a servicios fundamentales como salud, educación, empleo, movilidad, vivienda, cultura, recreación y deporte.
Uno de los puntos centrales es la detección temprana y la creación de una ruta médica pública para quienes presenten señales asociadas a estos trastornos.
La norma también contempla un certificado único y voluntario de trastorno del neurodesarrollo, que busca facilitar el acceso a determinados beneficios y servicios tanto para las personas diagnosticadas como para sus cuidadores.
La educación también aparece como uno de los frentes principales. De acuerdo con el Gobierno, deberán fortalecerse las rutas de inclusión educativa y la capacitación de docentes y profesionales de la salud para atender de manera adecuada a esta población.
La medida incorpora además a las familias y cuidadores, con herramientas de apoyo, alternativas de flexibilidad laboral, mecanismos de inserción laboral y estímulos al emprendimiento.
Pero el Gobierno también puso el foco en una situación completamente distinta: la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.
Para ello, anunció un procedimiento temporal y abreviado que permitirá acelerar el ingreso de donaciones provenientes del exterior, entre ellas medicamentos, equipos médicos, reactivos, alimentos no perecederos y productos de higiene.
La modificación busca reducir los tiempos de los trámites ordinarios. Uno de los cambios más relevantes establece que, cuando la documentación esté completa, el Invima tendrá un plazo de 24 horas para autorizar o rechazar las donaciones.
El Gobierno aclaró que agilizar los procedimientos no significa eliminar los controles sanitarios. Las ayudas deberán ser gratuitas, humanitarias, seguras e identificables y no podrán estar vencidas, adulteradas o falsificadas.