La Corte Constitucional le ordenó al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella garantizar una Unidad de Pago por Capitación (UPC) suficiente para financiar la salud el próximo año. Ese indicador es el valor que paga el Estado a las EPS por cada persona afiliada para cubrir ese servicio durante un año.
Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia que reconoció la salud como un derecho fundamental autónomo estableció los parámetros que el Gobierno nacional deberá tener presentes para definir ese valor por cada persona afiliada al sistema de salud.
Esos lineamientos les servirán a los ministerios de Salud y Hacienda para determinar el valor de la Unidad de Pago por Capitación por cada afiliado para financiar los servicios en 2027.
Los magistrados de la Corte Constitucional explicaron en la decisión que el Ministerio de Salud deberá demostrar técnicamente que ese pago cubre las necesidades reales del sistema de salud y de los afiliados, además de cumplir con la información necesaria para calcularla.
Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro hubo tensiones por ese cálculo, después de que la misma Corte Constitucional reconociera una insuficiencia en el valor de ese concepto. Sin embargo, el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desmintió esa versión y cuestionó en varios escenarios el destino de los recursos del sistema de salud.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) September 24, 2026
Por eso, esta nueva decisión se produce después de que los magistrados de esa Sala de Seguimiento, conformada por Vladímir Fernández, Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo, quien la preside, constataron que dichas obligaciones seguían sin cumplirse.
La Corte Constitucional le recomendó al Gobierno De La Espriella actualizar el cálculo de la UPC para 2027 teniendo en cuenta el aumento de los costos de medicamentos y tecnologías, el envejecimiento de la población, la carga de enfermedades y la inflación del sector, entre otros factores, y no solo los valores históricos que ha tenido esa unidad.
En medio del déficit fiscal que atraviesa el país y que podría golpear a varios sectores, el alto tribunal advirtió que esas restricciones económicas no pueden convertirse en un límite para fijar la UPC de acuerdo a las necesidades reales del sistema.
Esta nueva decisión, que pone en el foco el sistema de salud colombiano, tiene relación con la crisis que atraviesa. La Defensoría del Pueblo reportó que las tutelas por ese servicio pasaron de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025. Ese mismo informe reveló que, entre enero y abril de 2026, ya hubo un aumento del 28 % en las reclamaciones frente al mismo periodo del año pasado.