La Corte Constitucional le ordenó al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella que se encargue de garantizar una Unidad de Pago por Capitación (UPC) suficiente para financiar la salud el próximo año. Ese indicador es el valor que paga el Estado a las EPS por cada persona afiliada para cubrir ese servicio durante un año.
Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia que reconoció la salud como un derecho fundamental autónomo, estableció los parámetros que el Gobierno nacional deberá tener presente para establecer ese valor por cada persona afiliada al sistema de salud.
Esos lineamientos le servirán a los ministerios de Salud y Hacienda para que puedan determinar la Unidad de Pago por Capitación que se establecerá por cada afiliado para financiar los servicios en el año 2027.
Los magistrados de la Corte Constitucional explicaron en la decisión que el Ministerio de Salud deberá demostrar técnicamente que ese pago cubre las necesidades reales del sistema de salud, del afiliado y cumple con la información para calcularla.
Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro hubo tensiones por ese cálculo, después de que la misma Corte Constitucional reconoció una insuficiencia en el valor de ese concepto, sin embargo, el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desmintió esa versión y cuestionó en varios escenarios el destino de los recursos del sistema de salud.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) September 24, 2026
Por eso, esta nueva decisión se produce después de que los magistrados de esa Sala de Seguimiento, conformada por Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo, quien la preside, constataron que dichas obligaciones seguían sin cumplirse.
La Corte Constitucional le recomendó al Gobierno De La Espriella actualizar el cálculo de la UPC 2027 a través del aumento de costos de medicamentos y tecnologías, envejecimiento de población, carga de enfermedades, inflación del sector, entre otros factores, y no solo los valores históricos que ha tenido esa Unidad.
Y en medio del déficit fiscal que atraviesa el país y podría golpear a varios sectores, el alto tribunal advirtió que esas restricciones económicas no pueden convertirse en un límite para fijar la UPC frente a las necesidades reales del sistema.
Esta nueva decisión que pone en el foco el sistema de salud colombiano tiene relación con la crisis que atraviesa. La Defensoría del Pueblo reportó que las tutelas por ese servicio pasaron de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025; ese mismo informe reveló que entre enero y abril de 2026 ya hubo un aumento del 28% de reclamaciones frente al mismo periodo del año pasado.