Gobierno reconoce “vacíos” para poner en marcha proyectos en el departamento de La Guajira

En medio de la sesión técnica que se citó para verificar si los gobiernos nacional, departamental y local han cumplido la orden de que se supere el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, reconoció que existen muchos vacíos para poner en marcha proyectos en el mencionado departamento.

“Estas comunidades quedan a expensas del gobernador, o del alcalde, o del Gobierno nacional, para que desarrollen toda la estructuración, no solamente en estudio y diseño, sino los recursos que se requieren para hacerlo, y creo que ese es un gran vacío que tienen las comunidades a la hora de definir, orientar y poder ejecutar esos recursos que se requieren para las comunidades”, advirtió López Maya en su intervención.

El funcionario alegó que para solucionar la grave crisis de derechos humanos en ese departamento y de las comunidades étnicas en Colombia, el Gobierno creará un equipo para atender las situaciones de vulnerabilidad que han ocurrido con estas comunidades.

El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, aseguró que esas comunidades han tenido dificultades para implementar los recursos que requieren de manera urgente y por eso se ha decidido.

“Crear de manera inmediata un grupo especial para los grupos étnicos en Colombia, no solamente para las comunidades indígenas, sino también para los afro, Rrom, raizales y palenqueros, y buscar jurídicamente una reestructuración muy pequeña que tendríamos que hacer en el Departamento de Planeación para tener una dirección y naturalmente darle la competencia constitucional que requieren los pueblos étnicos en nuestro país”, afirmó López.

En la instalación de la audiencia, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, cuestionó seriamente las acciones que se han tomado hasta la fecha para resolver las graves problemáticas en el departamento de La Guajira.

El magistrado expuso que “a propósito de intervenciones de personas que están concernidas en el seguimiento (a asignación a recursos y cumplimiento de contratación) mismo han mostrado cómo los niveles de posible corrupción son demasiado altos, no hay ninguna duda. Y para la Sala, a partir de datos objetivos en la constatación de ese hecho, exige a su vez actividades en desarrollo de conductas que estén en esa ruta. Mostrar que se está trabajando”.

El presidente de la Corte Constitucional también manifestó que lo que se espera es que todas las instituciones del Estado trabajen para que los recursos se inviertan de la mejor manera y en caso de que los dineros se estén desviando para atender la crisis humanitaria en La Guajira, haya investigaciones severas que permitan aclarar y dar con los responsables de esos hechos.

“Quiero advertir que esto no es un asunto adversarial, la Corte no es aquí un juez que vaya a reaccionar contra ustedes (los citados a la sesión) y a increparles sobre los datos y cifras que hoy nos ofrecen. Lo que quiere es escucharlos”, dijo el magistrado Reyes.

A la sesión de seguimiento sobre la orden para superar el estado de cosas inconstitucional (ECI) estuvo citada la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz; el director de Planeación, Alexander López; el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, y los alcaldes municipales de Uribia, Manaure y Riohacha, entre otras zonas.

La consejera Ortiz arrancó exponiendo que “no ha existido un Gobierno tan comprometido con La Guajira, lo hemos liderado desde la Consejería, desde el trabajo que se ha hecho con Gobierno con el Pueblo. Es histórica la presencia que ha hecho un gobierno como lo ha hecho el señor presidente”.

La funcionaria explicó que para cumplir con la orden de la Corte Constitucional para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de La Guajira, se ha trabajado articuladamente con la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep). Allí han aparecido varias entidades del Gobierno para superar el estado de cosas inconstitucional.