El ministro del Interior designado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, acaba de sufrir una derrota política y judicial después de que el Consejo de Estado le negó la tutela con la que pretendía revivir su partido político Dignidad Liberal.
El caso empezó en julio de 2023, cuando Lara solicitó el reconocimiento de la personería jurídica de dicho movimiento político; unos meses después, el Consejo Nacional Electoral le negó esa figura al movimiento Dignidad Liberal.
Frente a esa decisión, el ministro del Interior designado y Julio Bahamón Vanehas presentaron un recurso de reposición. Así fue como el 17 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral expidió una nueva resolución en la que reconoció la personería jurídica de dicho movimiento político.
Con ese nuevo acto administrativo, el estudiante de derecho Samuel Ortiz y la abogada Manuela Arredondo Roa presentaron una demanda de nulidad contra el Consejo Nacional Electoral, para que se declare nula la resolución que reconoció jurídicamente a Dignidad.
La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nulo dicho acto administrativo, al considerar que “no se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del movimiento político”.
Sin embargo, el ministro Lara y Julio Bahamón Vanegas presentaron una tutela contra esa decisión, en la que pidieron la protección de sus derechos al debido proceso, la participación, a fundar partidos políticos sin limitaciones y de paso pidieron dejar sin efecto el fallo que anuló la personería jurídica del partido.
El magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta, integrante de la Sección Primera, decidió sobre esa tutela: “Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia”.
El magistrado explicó en su decisión que la tutela no dejó en evidencia la afectación de sus derechos fundamentales, pues en ningún momento se expuso que la autoridad judicial haya caído en una arbitrariedad judicial.