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El trabajo de domiciliarios, que ha servido para que muchas personas obtengan ingresos, podría complicarse ante la exigencia de que tengan conocimientos sobre el producto que entregan. - Foto: Crédito: GettyImages/E+/Miodrag Ignjatovic

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¿Insólito?, ahora domiciliarios de medicamentos tendrían que ser expertos en salud

La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas denuncia que la Secretaría de Salud de Bogotá estaría sobrepasándose en sus funciones y generando normas que ponen en riesgo la empleabilidad de cientos de personas.

En el mundo entero la pandemia revolucionó el estilo de vida del ser humano, en búsqueda de la practicidad. Cada vez más familias en medio del cambio social optaron por no salir de casa y pedir domicilios a la hora de hacer compras. Práctica que generó, sobre todo en Colombia, una opción de empleo para cientos de personas que fueron llamados domiciliarios.

No es de extrañar que en las páginas de búsqueda de empleo se encuentren anuncios, en los que requieran personal con motos para ocupar estas vacantes. Según la entidad que realice la contratación - alguna de ellas de manera directa, generando empleo formal – exigen otros requerimientos relacionados con su pericia al conducir, conocimiento de la ciudad y buen servicio de atención al cliente.

Pero, nunca piden que tenga algún tipo de conocimiento en el área de la salud. Ni técnico, ni tecnólogo en regencia en farmacia o profesionales afines. Y en las droguerías tienen un argumento que históricamente ha sido válido: el domiciliario, solo sirve de puente para que el profesional de la salud o despachador le haga llegar un paquete sellado al cliente o paciente. Es decir, nunca tiene que preocuparse por el contenido del paquete que sale previamente rotulado de la droguería después de brindar asesoría al comprador, la mayoría de las veces telefónicamente.

Es algo similar a que si un transportador de las empresas de mensajería tuviera que ser experto en cada una de las cosas que transportan en sus camiones. Si envían partes de carro tendría que ser mecánico automotriz. Si envían libros, quizás debería tener conocimientos en literatura o estudios para bibliotecario.

El hecho de que creciera la demanda de servicios de mensajería o domiciliarios generó también un aumento en la cantidad de personas que se pudieron ocupar en la informalidad al verse sin empleo, razón por la cual crecieron plataformas digitales de domicilios. Sin embargo, al parecer, desde la Secretaría de Salud de Bogotá en eso no vieron una ventaja, sino un problema.

Tanto así, que desde diciembre de 2021 la entidad estableció que en las actas de visita de inspección vigilancia y control toda droguería que preste el servicio de domicilio en la capital del país debe garantizar que la persona que transporte el pedido debe contar con estudios en salud. De no ser así, el establecimiento podría ser sancionado con multas, decomiso de mercancía o incluso cierre del establecimiento, según lo determine la investigación que adelanten.

Esto fue calificado por Viviana Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), como insólito y arbitrario.

Advirtió que la medida está basada en normas plasmadas en un acta de inspección sin previa consulta pública, como lo establece la norma, lo que dejaría sin validez el requerimiento de la Secretaría Distrital de Salud. Pese a lo anterior el gremio de las droguerías denuncia que se está presentado abuso de poder por parte de contratistas de la Secretaría de Salud. “En el norte de la ciudad ya hay droguerías que han tenido que despedir sus empleados para evitar sanciones”, dijo Bueno en medio de una rueda de prensa.

En Bogotá existen alrededor de 1.300 droguerías y más del 50 % de ellas se verían afectadas con el acta de visita inspección y vigilancia, que en este momento está sirviendo de rasero a los establecimientos comerciales, sin que esta acta esté aprobada formalmente. Lo que aclaran desde el gremio de las droguerías es que están haciendo efectiva una norma que no ha sido aprobada, lo que podría caer en irregularidades administrativas graves.

Esa preocupación fue presentada directamente al Ministerio de Salud, desde mayo de 2022 y aunque hubo pronunciamiento de la entidad, este fue en vano. Su orden fue: “Que, desde el Ministerio, a través del funcionario competente, ordene la suspensión inmediata de la implementación de la nueva acta de inspección y vigilancia y control a establecimientos farmacéuticos minoristas, empleada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., la cual fue implementada a partir del mes de diciembre de 2021, debido a su expedición irregular, por desconocer abiertamente a las normas previstas en el decreto Único de Reglamento 780 de 2016″.

Aunque la decisión se ofició, aseguran propietarios y trabajadores de droguerías que siguen llegando funcionarios y contratistas exigiendo el cumplimiento del acta. Se conoció que Asocoldro denunció ante la Procuraduría la situación, relacionado presuntas irregularidades del secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, de la subdirectora de Vigilancia y Salud Pública de la Secretaría y de contratistas adscritos a la oficina.

Viviana Bueno, pidió a la alcaldesa de Bogotá tomar cartas en el asunto y sentarse a dialogar en una mesa en la que se pueda escuchar a todas las partes para evitar arbitrariedades. Como también solicitó evitar represalias contra los establecimientos farmacéuticos tras la denuncia realizada.

Estos presuntos abusos de autoridad no solo se estarían presentado en Bogotá. La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, Asocoldro, advirtió de fallas de los funcionarios de otras regiones del país donde también se estarían presentando irregularidades en la aplicación de las actas en la visita de inspección vigilancia y control, que van desde exigencias en la temperatura de almacenamiento diferentes a las establecidas por el Invima, hasta presuntos actos de corrupción.

Según lo que advierten los denunciantes, eso estaría generando inseguridad jurídica y técnica por la falta de unidad de criterio que a nivel nacional deben tener los diferentes inspectores de las Secretarías de Salud, ya que existe una sola norma nacional que rige a todos los establecimientos droguerías y farmacias del país. “La falta de capacitación y engranaje de los actores públicos puede ocasionar otra crisis del sistema sumada a la que ya existe”, dice Bueno.