Desde la administración de Luis Alfonso Martínez Chimenty, el exdirector de la Aerocivil de Petro que vivió los escándalos de Gabriela Muñoz, su familia y las presuntas irregularidades de la operación de la entidad, la Procuraduría General de la Nación ha venido alertando una serie de inconsistencias que podrían poner en jaque el control de la operación aérea en Colombia.
Con el cambio de administración, las alertas no han cesado. SEMANA conoció un oficio reservado del 5 de noviembre y un balance posterior del 9 de noviembre que revela la crisis de gestión, la tecnológica obsoleta y los vacíos que tendrían varios contratos en la Aeronáutica Civil.
Esos hallazgos tomaron mayor relevancia después de la falla operacional que se presentó el pasado 4 de noviembre en el Centro de Control de Bogotá, que dejó temporalmente sin visualización de datos de control aéreo a El Dorado, el aeropuerto internacional más importante de Colombia.
Pero con la compleja situación que atraviesa la entidad, la Procuraduría Delegada para la Función Pública le envió un ultimátum al director de la Aerocivil, Arnaud Penent D’Izarn, y a la jefe de Control Interno, Sonia Maritza Machado.
No más diagnósticos
El enérgico llamado de la Procuraduría dejó claro que la vigilancia no nació con la falla del 4 de noviembre, sino que responde a una serie de alertas que estarían siendo ignoradas o aplazadas en mesas técnicas.
El tono del delegado para la Vigilancia de la Función Pública marcó un punto de quiebre: “Considera necesario llamar enérgicamente la atención de la Aerocivil. No resulta suficiente reiterar diagnósticos, anunciar proyectos de modernización, presentar cronogramas o reportar actividades de mantenimiento”.
Una de esas advertencias que lleva meses sin resolver tiene relación con 8 de los 14 radares del país que se encontrarían fuera de servicio. Pero el expediente deja en evidencia por lo menos tres fallas críticas sobre la infraestructura aeronáutica.
La Procuraduría reveló que la Aerocivil reconoció graves problemas en ese ámbito, específicamente, en el radar de El Tablazo (Cundinamarca) y el de Villavicencio, cuyos componentes presentarían una grave dificultad por falta de reposición.
Los hallazgos del ente de control también dejaron al descubierto que hay enlaces de comunicaciones en operación que no contaban con contrato vigente de mantenimiento, lo que dejaría en evidencia una red sin respaldo en caso de fallas.
El Ministerio Público también le exigió a la entidad que responda por los compromisos adquiridos en mesas técnicas anteriores, las promesas que siguen pendientes y las razones detrás de los retrasos físicos y financieros de los proyectos de modernización.
Todas estas aparentes inconsistencias provocaron que la Procuraduría citara el pasado 9 de noviembre al director de la Aerocivil y a todos los jefes de navegación, telecomunicaciones, mantenimiento, entre otras aéreas, para entender cómo se está respondiendo a las múltiples alertas que ha hecho sobre la operación de la entidad.