Para el próximo 15 de diciembre quedó reprogramada la audiencia en la cual se formalizará el escrito de acusación en contra del exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, y otras cinco personas por las presuntas irregularidades en la celebración del millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17, por parte del Ejército Nacional.
Pese a que todo estaba listo para que la audiencia se realizara este miércoles 23 de septiembre, el exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo, aseguró que su abogado de confianza le había renunciado, hecho por el cual no contaba con un apoderado que lo representara en la presente diligencia judicial.
“El 18 de septiembre pasado renunció”, señaló el exfuncionario.
Esta situación generó un fuerte llamado de atención por parte del juez de conocimiento, que advirtió que la renuncia se presentó hace cinco días, por lo cual se tendría que haber dejado la constancia en ese momento para que se realizara el trámite pertinente y se designara un abogado de oficio por parte de la Defensoría del Pueblo.
Fracasó la acusación contra el exviceministro de Defensa y otras cinco personas por irregularidades en un contrato de helicópteros MI-17. El juez advirtió la existencia de maniobras dilatorias. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/LF9RQpmAPw
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 23, 2026
“Voy a solicitar un defensor público, pero si usted decide contratar un defensor de confianza —y quiero dejar constancia de una vez—, este abogado recibe el proceso en el estado en el que está; por esto, no voy a conceder aplazamientos, so pena de decir que no conoce el proceso ni voy a permitir más dilaciones frente a este caso”, señaló el juez de conocimiento.
En este sentido, señaló que la renuncia del apoderado a pocos días de la realización de la audiencia de acusación debe ser catalogada como “una maniobra dilatoria”.
Las irregularidades del contrato 012
La Fiscalía General sostiene en su escrito de acusación que en el contrato firmado el 31 de diciembre de 2024 existió una seguidilla de irregularidades en la que participaron activamente varios funcionarios del Ministerio de Defensa y contratistas.
El contrato, que tuvo un valor de 32 millones de dólares, tenía como objetivo la reparación de los contratos MI-17, clave en los operativos militares en zonas selváticas y montañosas.
Sin embargo, según indica el ente investigador, la empresa estadounidense beneficiada no contaba con la experiencia ni capacidad para cumplir a cabalidad con el mantenimiento de los helicópteros.
Por esto, se señaló la existencia de un direccionamiento de los contratos.
En este expediente la Fiscalía General vinculó al exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto; el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; el exsecretario general, Hugo Alejandro Mora Tamaño; y el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
Así como los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, quien es ciudadano estadounidense.
Deberán responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servicios públicos, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.