Un nuevo análisis técnico de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) pone en evidencia una transformación sin precedentes en el conflicto armado colombiano: la disputa abierta por el espacio aéreo, “un terreno que dominó casi sin contrapeso durante décadas” el Estado.
Episodios recientes como el impacto de tres artefactos contra el radar 3D en Candelaria, Valle —perteneciente a un proyecto de “más de 370.000 millones de pesos para ampliar la cobertura y la seguridad aérea del país”— y el atentado a la estación de Policía en Aguachica, Cesar, confirman la gravedad de esta estrategia.
De acuerdo con el documento, “la Fuerza Pública registra 716 ataques con drones desde 2023 hasta el 1 de octubre de 2026”, observándose un fenómeno que se acelera con “318 solo en este año, un promedio de un evento cada 20 horas, o 8,2 por semana, con un pico en agosto”.
Geográficamente, “el 71% de los hechos se concentra en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander”, mientras que en materia de responsabilidad “el 95% se atribuye a dos organizaciones: el EMC (72%) y el ELN (23%)”.
La ventaja táctica obtenida por los grupos armados “solo se compara con la que obtuvo la Fuerza Pública hace 25 años, cuando incorporó capacidades aéreas que le dieron movilidad, poder de fuego y capacidad de bombardeo”.
Esta modalidad les permite vigilar campamentos, atacar a bajo costo sin exponer combatientes y reforzar el control territorial para “identificar zonas de minería y cultivos de uso ilícito, e incluso facilitar el cobro de extorsiones”.
Sofisticación tecnológica y saldo en víctimas humanas
El informe detalla cómo las organizaciones al margen de la ley han tecnificado su accionar. Aunque inicialmente importaban los equipos, hoy “el ELN y las disidencias enviaban personal a formarse en Venezuela, pero hoy lo hacen en Colombia, en escuelas propias de ‘droneros’”.
Además, la adaptación técnica es cada vez mayor: “Los grupos ya emplean drones con fibra óptica, que transmiten la señal por un cable y, por lo tanto, no pueden ser detectados ni neutralizados con inhibidores”. En palabras del propio Iván Mordisco, citado en el estudio, “un dron que puede costar unos 36 millones de pesos se puede hacer con 6 millones y cargar seis libras de explosivo, lo suficiente para destruir un helicóptero”.
Esta escalada armada ha dejado “al menos 487 personas afectadas” desde 2024. El desglose del impacto registra que “entre los civiles hay 55 heridos y 6 asesinados; en la Fuerza Pública, 401 heridos y 25 muertos”, sumado a fenómenos de “desplazamiento, confinamiento, mayor control de los grupos y obstáculos para la vida cotidiana”.
La respuesta institucional y las recomendaciones de la FIP
Frente a la emergencia, el Estado ha comenzado a articular respuestas estratégicas. Además de activar en 2025 el primer Batallón Antidrones y restringir la entrada de partes a dos puertos del país, en 2026 “el Gobierno de Gustavo Petro presentó el proyecto Escudo Nacional Antidrones, valorado en 6,7 billones de pesos, cuya primera fase, de 1,1 billones aproximadamente, se ejecutaría este año”.
Sin embargo, para la FIP estos esfuerzos resultan insuficientes si no se ataca la estructura logística. La fundación señala en su informe Ordenar la casa: hoja de ruta para la seguridad territorial en Colombia que “el esfuerzo principal del Estado debe orientarse hacia los nodos funcionales que sostienen la capacidad de fortalecimiento”, convirtiendo a “los instructores y proveedores de estos equipos” en objetivos prioritarios.
Asimismo, en el corto plazo urge “llevar la capacidad antidrón a las unidades más golpeadas” y proteger a las comunidades mediante la difusión de “protocolos de autoprotección”.