La administración de Yahir Acuña en la alcaldía de Sincelejo transcurre en medio de un complejo escenario de controversias contractuales, suspensiones de servicios esenciales, procesos de revocatoria y graves expedientes judiciales que arrastra desde su época como congresista.
Uno de los flancos más sensibles de su administración ha sido el Programa de Alimentación Escolar (PAE), de acuerdo con el documento que conoció SEMANA. El 19 de noviembre de 2025, la Procuraduría abrió una indagación previa contra Acuña, tras la difusión de un video.
El organismo de control busca esclarecer si existieron exigencias de dádivas e incremento patrimonial injustificado en el marco de este programa. Aunque las autoridades aún no han esclarecido el contexto de las grabaciones y no existe una sanción en firme, el caso se mantiene bajo investigación penal y disciplinaria.
A la controversia se sumó una parálisis operativa. El pasado 7 de abril, el Consorcio PAE Universal suspendió temporalmente el servicio, reportando que la alcaldía le adeudaba más de 31.599 millones de pesos.
De acuerdo con el informe, la deuda acumulaba saldos pendientes desde septiembre y octubre de 2025, así como facturas de los primeros meses de 2026. Aunque el servicio se restableció el 16 de abril de 2026, tras un acuerdo de la alcaldía con el Ministerio de Educación y la UAPA, Acuña atribuyó las dificultades a la insuficiencia de recursos nacionales.
El informe conocido por SEMANA destaca que la contratación de seguridad privada también ha estado en el centro del debate. El contrato LP-001-2024, adjudicado a la firma Vipers Ltda. por más de $ 24.878 millones y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, encendió las alarmas de organizaciones de víctimas en 2024.
La polémica, mencionada en el documento que conoció SEMANA, giró en torno al alcance del esquema, que incluía vigilantes armados realizando recorridos móviles, lo que abrió una discusión sobre los límites entre la seguridad privada y las funciones de la Policía Nacional. Acuña defendió la legalidad y transparencia de la licitación, y en 2025 se convocó una veeduría ciudadana para vigilar el contrato.
Paralelamente, el proceso de modernización administrativa de la alcaldía enfrentó un limbo jurídico. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo decretó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal 358 de 2025, que viabilizaba dicha reestructuración.
A pesar que la Alcaldía argumentó que la modernización ya había sido ejecutada y no producía nuevos efectos, a nivel local se han reportado decisiones judiciales que ordenan el reintegro de servidores desvinculados durante este proceso.
Toda esta acumulación de tensiones motivó a que, en abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría convocaran a una audiencia pública dentro del trámite formal para la revocatoria del mandato del alcalde. Sin embargo, el documento advierte que esto no debe interpretarse como “hallazgo fiscal, disciplinario o penal”.
Más allá de su gestión local, los antecedentes personales de Acuña continúan activos en los tribunales. El 16 de junio de 2026, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público, la cual se enfoca en un posible incremento patrimonial injustificado durante su periodo como congresista entre 2010 y 2018.
En agosto de 2026, la misma Sala de Instrucción de la Corte Suprema estudiaba una ponencia para imponerle medida de aseguramiento. Esto, en el marco de una investigación formal por presunta financiación del terrorismo y administración de recursos vinculados a actividades criminales.
En medio del clima de tensiones políticas y judiciales, también se conoció que el alcalde tuvo un viaje bajo cuestionamiento. El Concejo de Sincelejo autorizó en junio de 2026, con 16 votos a favor, la salida del país del alcalde para viajar a Estados Unidos y México.
Aunque Acuña argumentó que el viaje correspondía a una invitación de la Liga de Fútbol de Sucre para actividades preparatorias de la Copa Mundial de Fútbol y que no generaría gastos al municipio, la duración de la licencia y su coincidencia con el evento deportivo despertaron fuertes cuestionamientos.