En la actual administración de la Fiscalía General, Juan Martín Parada, un funcionario que llegó a la entidad en un cargo menor, terminó con una asignación especial en uno de los procesos de mayor relevancia de la entidad, el juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro.
Sobre este importante caso hay un escándalo, que surgió cuando la fiscal que llevaba la investigación, Lucy Laborde, denunció en SEMANA la presunta presión de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, para favorecer a Petro retirándole el delito de lavado de activos.
Lo que no se sabía es que la exesposa del fiscal Parada es Liliana Ortíz Vargas, la directora de Investigaciones Financieras, es decir, su jefe inmediata en la unidad. Hecho por el cual le tiene que entregar informes completos sobre su gestión.
“El nuevo fiscal del caso Nicolás Petro, tiene como jefe a su exesposa, no ganó el concurso de mérito y aún así termina con el proceso de mayor impacto político y judicial para esta administración, no es casualidad”, dijeron funcionarios que hablaron con SEMANA, y quienes pidieron reserva de su identidad.
El fiscal Parada tuvo la buena suerte de ser, en poco tiempo, auxiliar a designado especial de las directivas de la Fiscalía General. Esto, según afirman funcionarios de la entidad, es un cargo “recomendado” para un funcionario que no está especializado en derecho penal, como se pudo comprobar al revisar su hoja de vida.
“Era fiscal auxiliar de los delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pero como auxiliar no podía asumir un proceso en propiedad, por eso lo nombraron como fiscal especializado, no porque se lo ganó, sino por asignación especial”, señalaron funcionarios de la Fiscalía.
SEMANA conoció una serie de documentos que advierten que quien ganó el concurso de méritos y a quien debió llegar el caso de Nicolás Petro, es una fiscal de amplia experiencia, que no recibió el importante expediente.
Tampoco ocupó el cargo que en Barranquilla tenía la fiscal especializada de la Dirección contra el lavado de activos, Lucy Laborde. Fue remitida a otra seccional, y quedó despejado el camino para Parada.
Los vasos comunicantes entre el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Justicia penal Militar y Policial también se dan. La esposa del fiscal Parada, la teniente coronel Edna Yalile Rodríguez, es actualmente fiscal de la Justicia Penal Militar y Policíal (JPMP).
En esta justicia especial para uniformados estuvo hasta hace unas semanas como director José Reyes Rodríguez, quien salió en medio de cuestionamientos y a los pocos días ya había sido nombrado en la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.
Camargo y Reyes estuvieron juntos en Guatemala, en la Comisión Internacional contra la Impunidad, al lado del exministro de Defensa, Iván Velásquez. Reyes también fue secretario en el ministerio.
SEMANA conoció que la exfiscal Laborde presentó una denuncia por acoso laboral y obstrucción a la justicia en contra de la cúpula del ente investigador, entre ellos Luz Adriana Camargo, Sandra Liliana Mesa y Aura Liliana Trujillo.
Esto, debido a las acciones que se realizaron en su contra desde julio de 2024, cuando se le asignó el proceso contra el hijo mayor de Gustavo Petro.
En la denuncia se advierte la existencia de una persecución y amenaza laboral al interior de la Fiscalía General; así como un desconocimiento de su situación como pre-pensionada, pasando por un constante acoso laboral representado en reubicaciones y falta de apoyo para adelantar la investigación.
A esto se le suma una falta de avances considerables en las solicitudes para que se investiguen varias situaciones extrañas en el desarrollo del caso, entre estas, la filtración constante de datos reservados y el acceso a funcionarios al sistema sin ningún tipo de autorización.
En la actualidad, la exfiscal Laborde se encuentra sin esquema de protección por decisión de la Fiscalía General.
Los dos procesos contra Nicolás Petro Burgos
En la actualidad, el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público está a la espera de que el Tribunal Superior defina las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que se utilizarán en el juicio.
Mientras que en el caso Fucoso la presentación del escrito de acusación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de servidor público y falsedad en documento público se encuentra congelada.