La paradoja del decreto que recorta la prima a congresistas: una demanda terminaría en manos de jueces afectados

El decreto emitido por el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de enero que le retira, a partir del 20 de julio, la prima de servicios a los congresistas ha generado una discusión en varios sectores políticos y académicos.

El presidente del Senado, Lidio García, aseguró que el decreto 0030 de 2026 tiene claros fines electorales de cara a las elecciones que se celebrarán en la primera mitad de este año.

“Este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”, aseveró el senador liberal.

Otro de los puntos de este debate tiene relación con el efecto cascada de esta reducción. Puesto que la misma toca a funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

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Frente a esto, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), Hermens Darío Lara Acuña, aseguró que el decreto “reducirá el salario” tanto de procuradores, fiscales, jueces y magistrados de todo el país. “Incidiendo consecuentemente en su calidad de vida, la de sus familias y allegados”.

“Por ley, todos los ingresos de los congresistas hacen parte al igual que lo que corresponden los ingresos de las altas cortes. A partir de allí se genera una sinergia estructural que sostiene los salarios del personal tanto de la Rama Judicial, como de Fiscalía y la Procuraduría”, aseveró.

La gran paradoja que se puede presentar en este caso es que ante una eventual demanda esta llegaría a la justicia administrativa. En este caso, debido a que la resolución cobija a todos los jueces y magistrados, estos deberían declararse impedidos para emitir una resolución.

“Hay una dificultad puntual y es que los magistrados del Consejo de Estado deberían declararse impedidos para conocer el caso. Por lo que pasaría a manos de conjueces, y muy seguramente, en uno o dos años, tendríamos resuelto el problema que se genera desde ya”, explicó el magistrado.

Lo mismo sucedería con la petición de una medida cautelar para suspender, de manera urgente, los efectos de dicho decreto presidencial.

Ante este panorama, le pidieron al Gobierno Petro que emita un nuevo decreto con las aclaraciones pertinentes frente a los efectos que tendía esta decisión para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, la Fiscalía y la Procuraduría General.

Finalmente, aseguró que se están desconociendo derechos laborales por parte del presidente de la República y los ministros que han avalado estos ajustes.

“Vemos que hay un Gobierno que no atiende las estructuras constitucionales e institucionales y toma estas decisiones a muto propio porque no hay ninguna fundamentación legal”, concluyó el vocero de la Corporación de Jueces y Magistrados.