La magistrada Paola Meneses, una de las favoritas para llegar a la presidencia de la Corte Constitucional, podrá seguir participando en la discusión del decreto que estableció medidas tributarias a partir de la declaratoria de emergencia económica, después de que la Sala Plena rechazó el impedimento que presentó la semana pasada.
Meneses les presentó a sus colegas magistrados el recurso argumentado que el contenido y el alcance del decreto bajo análisis podría configurarse en una causal de impedimento por tener interés en la decisión, exponiendo el vínculo laboral de su esposo con una empresa que sentirá los coletazos de dicha resolución.
Luis Fernando Lizcano Sea, esposo de Meneses, es el actual jefe jurídico administrativo y de servicios de Ecopetrol S. A., la empresa más grande de Colombia que deberá pagar el impuesto especial que expidió el Gobierno Petro para la estabilidad fiscal a través de la emergencia.
Sin embargo, la Sala Plena explicó que en la sesión “celebrada el viernes 29 de enero de 2026, se declaró infundada la manifestación de impedimento de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera para conocer y decidir el proceso RE-388.
Ese expediente estudia el decreto que le dio medidas tributarias a la emergencia económica, el cual detallaba en el artículo 8 la creación de un impuesto especial para la estabilidad fiscal a través de un gravamen a la extracción de hidrocarburos y carbón en todo el país, a partir de las partidas arancelarias establecidas al momento de venta o exportación.
Con ese recurso resuelto, la magistrada Meneses seguirá participando en la discusión de ese decreto, mientras que su compañero Jorge Enrique Ibáñez, el actual presidente de la Corte Constitucional, terminó por fuera del debate de la declaratoria de emergencia económica por la postura que dio en medios de comunicación sobre ese acto administrativo.
En el despacho del magistrado Carlos Camargo se estudia la declaratoria de emergencia y en el de Juan Carlos Cortés la medida que adopta medidas tributarias; esos dos decretos quedaron suspendidos provisionalmente mientras la Corte decide de fondo.
Mientras que en el despacho del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Petro, avanza en la recolección de pruebas para construir su ponencia frente al decreto que permite crear impuestos al sector energía. Por ahora, la Corte sigue avanzando en el control de constitucionalidad de la emergencia económica del gobierno.
