La Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su rechazo ante las amenazas dirigidas a candidatos presidenciales durante el proceso electoral de 2026. La organización solicitó a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de los mensajes de odio registrados en las últimas semanas.
El pronunciamiento tuvo lugar durante el Foro Regional: Voces, paz, democracia y derechos humanos, espacio donde se presentó el informe sobre violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales este jueves 16 de abril.
El documento abarca el periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo de 2026. Según el reporte, en este ciclo se registraron 435 agresiones contra liderazgos, lo que representa una disminución del 25,3 % en comparación con los 582 hechos ocurridos en el proceso de 2022.
Transformación de las dinámicas de agresión
A pesar del descenso en la cifra global, la organización advierte que la situación de seguridad no presenta una mejora real. “Esta reducción no implica una mejora sustancial en las condiciones de seguridad. Más bien lo que hay es una transformación en la dinámica de la violencia que se orienta hacia el control territorial y a emplear modalidades de agresión más focalizadas y estratégicas”, explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
El informe detalla que los sectores con mayor afectación son los concejales, los líderes indígenas y los presidentes de juntas de acción comunal. Un dato de especial preocupación es el aumento del 12,9 % en los hechos de violencia contra líderes políticos, sector que concentró 272 agresiones (el 62,5 % del total registrado).
Alerta por el aumento de la violencia letal
La MOE destacó que la violencia letal contra el grupo de líderes políticos creció un 31 %, pasando de 51 a 67 casos documentados. “Cualquier ataque contra la integridad de quienes participan en la contienda electoral no es solo una agresión individual, sino un atentado directo contra la democracia”, afirmó Barrios Cabrera. La directora enfatizó que este tipo de acciones impiden el desarrollo de un debate plural y seguro en el país.
Geográficamente, las agresiones se distribuyeron en 193 municipios de 28 departamentos. Las zonas con mayor índice de casos fueron Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá.
Ante este panorama, Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, recordó la responsabilidad de los mandatarios regionales: “Los gobernadores y alcaldes son las primeras autoridades de policía. Por esa razón son ellos los llamados a construir políticas preventivas que involucren a la comunidad y a la Fuerza Pública”.